Un bono o crédito de carbono es una unidad certificada de resultados de mitigación, ya sean reducciones de emisiones, emisiones evitadas o captura de gases de efecto invernadero (“GEI”). Cada crédito o bonificación representa una tonelada de CO2 equivalente que se ha reducido, evitado o secuestrado mediante un proyecto de mitigación.
Este tipo de bonos cumple una doble función. Por un lado, genera un efecto ambiental positivo en términos de reducción o limitación de emisiones de GEI. Por otro lado, son una herramienta imprescindible para aquellas empresas que opten por implementar una estrategia para medir y compensar su huella de carbono.
Los bonos o créditos de carbono pueden negociarse en mercados regulados o en mercados voluntarios. Los mercados regulados son aquellos creados a nivel estatal para establecer un sistema de comercio de emisiones con el fin de facilitar el cumplimiento de las metas regulatorias de emisiones para cada sector o industria, enmarcadas en las contribuciones asumidas a nivel nacional bajo el Acuerdo de París. Los mercados voluntarios, por otro lado, son aquellos mercados no regulados a los que las empresas acuden libremente para neutralizar sus emisiones.
Cada crédito o bonificación representa una tonelada de CO2 equivalente que se ha reducido, evitado o secuestrado mediante un proyecto de mitigación.
En ambos casos, las empresas que deben alcanzar ciertos objetivos en términos de compensación de su huella de carbono (ya sea en virtud de una obligación regulatoria, o voluntariamente, debido a políticas internas de la empresa) pueden “comprar” bonos en estos mercados. de carbono emitido por otras empresas.
Según el último informe publicado por Ecosystem Marketplace, a nivel global, en 2021, considerando sólo el mercado voluntario, la negociación de este tipo de bonos alcanzó los USD 2.000 millones y aproximadamente 500 millones de toneladas de CO2 equivalente demandadas. En 2022, si bien la demanda se redujo aproximadamente un 50%, el volumen se mantuvo en aproximadamente 2 mil millones de dólares. A la fecha no se ha publicado la información correspondiente a 2023, pero se estima que los valores se mantendrán en torno a los USD 2.000 millones.
Estas cifras muestran que existe un claro interés global en el desarrollo y promoción de estos mercados. Prueba de ello, entre otros ejemplos, es el sólido bloque regulatorio de la Unión Europea en la materia y su mercado regulado consolidado (EU ETS), así como el proyecto en marcha Unidroit (“Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado“) analizar la naturaleza jurídica de los créditos voluntarios de carbono y establecer lineamientos para asegurar una mayor transparencia en este tipo de mercados. En la medida que la demanda se centrará en la búsqueda de bonos o certificados de carbono de mejor calidad en cuanto a los proyectos subyacentes y su proceso de verificación.
Según Ecosystem Marketplace, a nivel global, en 2021, considerando solo el mercado voluntario, la negociación de este tipo de bonos alcanzó los USD 2.000 millones
Teniendo en cuenta este panorama, cabe preguntarse si los mercados de carbono tienen una oportunidad de desarrollo en Argentina.
Hasta la fecha, Argentina ha asumido como compromiso en el Acuerdo de París una meta, aplicable a todos los sectores de la economía, de no superar la emisión neta de 359 MtCO2e (tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030. Sin embargo, la El país no cuenta con un mercado regulado que funcione como incentivo para que el sector privado logre este objetivo. Tampoco existe un marco regulatorio aplicable a los mercados voluntarios.
Sin embargo, existen experiencias y plataformas voluntarias que permiten a las empresas no sólo medir su huella de carbono sino también negociar y vender sus bonos o créditos. Sin embargo, no se trata de mercados en sentido estricto, sino de plataformas que facilitan el marketing bilateral (OTC) entre la empresa que quiere “vender” sus créditos de carbono y la empresa que quiere “comprar” dichos bonos para compensar su huella.
El país no cuenta con un mercado regulado que funcione como incentivo para el sector privado
Según la última información disponible del Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático, Argentina tiene 59 proyectos registrados en cuyo marco se emitieron bonos o certificados de carbono, la mayoría asociados a proyectos de energías renovables y gestión de residuos. . Estos números reflejan que el uso de créditos de carbono como herramienta de compensación de la huella de carbono se encuentra en una etapa incipiente, lo que se debe a la falta de incentivos para que las empresas adopten una estrategia de medición y compensación de su huella. .
Dada la relevancia de los créditos de carbono como herramienta para compensar la huella de carbono, tanto la administración saliente como la actual han contemplado en su agenda la regulación de los mercados de carbono, aunque con perspectivas diferentes.
En este sentido, en noviembre de 2023 la administración saliente lanzó la “Estrategia Nacional para el Uso de Mercados de Carbono” con el objetivo de promover la implementación de mercados de carbono como uno de los mecanismos para contribuir al cumplimiento del aporte a nivel nacional comprometido dentro del marco del Acuerdo de París. Esta estrategia sólo delineó los ejes y lineamientos para el desarrollo de un marco regulatorio aplicable a estos mercados.
Existen experiencias y plataformas voluntarias que permiten a las empresas no sólo medir su huella de carbono sino también negociar y vender sus bonos o créditos.
Con otro enfoque, el proyecto original de “Ley de Bases” enviado por la actual administración para discusión en el Congreso, incluía cinco artículos que otorgaban facultades al Poder Ejecutivo para fijar metas de emisiones de GEI por sectores o industrias y establecer un mercado de derechos de emisión de GEI. Sin embargo, la aprobación de dicho proyecto en el Congreso no prosperó. Por su parte, el nuevo borrador de ley que el gobierno difundió recientemente omitió estos artículos en su redacción.
Si bien no hay duda de que el Gobierno tiene desafíos de corto plazo mucho más apremiantes por delante, sería positivo que la regulación de este tema se mantenga en la agenda de mediano y largo plazo para alinear los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. con políticas concretas que alienten al sector privado a adoptar una estrategia para medir y compensar su huella de carbono.
El autor es socio del departamento de servicios financieros y mercado de capitales del estudio Bomchil.
