Ciudad de México a 22 de abril de 2024.- Tras el informe Bajo Sentencia: La Censura en Cuba, Guatemala y Honduras, publicado en 2020, ARTICLE 19 presenta su segundo informe regional titulado Normalizando la Excepción. El Estado de la Libertad de Expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, producto de la documentación, registro y análisis del estado que mantiene la libertad de expresión en la región en el año 2023.
El informe muestra la falta de garantías para el periodismo libre e independiente, resultado del deterioro de las condiciones democráticas que ha marcado a la región. La violencia por parte del Estado, su incapacidad u omisión para proteger a los periodistas y el uso de la ley, junto con sus mecanismos institucionales para socavar el periodismo independiente, se han convertido en prácticas recurrentes que diversos gobiernos utilizan para sostenerse de manera autoritaria o beneficiar a ciertos grupos que resistir el avance de la democracia en la región y violar la cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.
Durante 16 años, ARTICLE 19 ha sido testigo de cómo la prensa en México oscila entre el dilema de “plata o plomo”, con personas y medios que a pesar de todo se mantienen resilientes y continúan su labor periodística de forma independiente. Desde hace cinco años, en Centroamérica hemos documentado las derivas autoritarias que se han vivido en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras en Cuba hemos monitoreado el uso del aparato estatal para controlar los flujos de información, la diversidad de voces y pensamientos. , silenciar y castigar.
No importan los signos políticos, se declaren “de derecha” o “de izquierda”, la deriva autoritaria de países como Guatemala y Honduras es indiscutible. Por otro lado, El Salvador, prometiendo una sociedad libre de la violencia generada por la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, avanza en el cierre del espacio cívico.
En este ámbito, Nicaragua es el país que se consolida como una dictadura con el cierre de su espacio cívico. El régimen liderado por Daniel Ortega no sólo encarceló a cientos de personas, también ha decidido desterrar las voces críticas que se atrevieron a cuestionar la deriva autoritaria de la clase dominante. El Estado cubano, aunque cueste creerlo, continuó profundizando las leyes para reprimir cualquier voz que cuestione el sistema socialista.
Los gobiernos, elegidos o no en procesos electorales transparentes y democráticos, no aceptan el periodismo como contrapoder y, ante ello, han optado por obstaculizar su ejercicio, en el marco de la cultura política autoritaria que prevalece en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, en la región también hemos documentado la resistencia de defensores de derechos humanos, comunicadores comunitarios y periodistas, quienes muestran su compromiso de informar a la sociedad para que cuente con elementos suficientes para ejercer sus derechos fundamentales, a pesar de los altos costos que deben pagar: prisión. , el exilio, el exilio forzado y, lamentablemente, la vida.
En el informe Normalizar la excepción damos cuenta de la deriva autoritaria que intenta hacer de la excepción la regla: la suspensión de los derechos humanos, el uso de las leyes y del aparato del Estado para silenciar el periodismo y las voces críticas como norma en nuestros países. . Pero no es normal que ciudadanos de Honduras y El Salvador vivan en regímenes excepcionales ante la incapacidad de las instituciones del Estado de garantizar la paz de sus habitantes sin la suspensión de derechos. Tampoco es normal, como ha ocurrido en Guatemala, abusar del poder de las instituciones, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, para criminalizar a periodistas y revertir los resultados electorales. Tampoco es normal que en Nicaragua y Cuba periodistas, disidentes y activistas estén en prisión, obligados al silencio o al exilio por expresar críticas o difundir información contraria a la narrativa oficial. Nada de esto es normal pero el carácter sistemático de los ataques contra la libertad de prensa quiere obligarnos a normalizarlo.
¡No lo permitamos!
