20/04/2024
Luego de 16 horas de cautiverio a manos de disidentes de las Farc y cerca de 60 campesinos de la región, aparentemente instrumentalizados por ese grupo armado ilegal, la tarde del sábado fueron liberados los 31 militares y tres suboficiales que habían sido secuestrados el viernes. durante un operativo en el Meta.
Así lo anunció la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés Zambrano, quien estuvo al frente de un consejo de seguridad junto a la Defensoría del Pueblo, un representante de la ONU, el alcalde y representante del municipio de Vista Hermosa y la Policía.
Las Fuerzas Militares explicaron que “una comisión de la ONU y la Defensoría del Pueblo viajó a la vereda Alto Caño Cafra para dialogar con la comunidad y Posteriormente los 34 uniformados fueron liberados”.
Asimismo, se conoció que los militares se encuentran en buenas condiciones de salud, con su material y equipamiento completo, y en estos momentos se encuentran seguros en instalaciones militares.
El gobernador indicó que “el diálogo y el acuerdo dieron buenos resultados” y publicó un mensaje en redes sociales: “No hay territorios vedados a la Fuerza Pública, a cuyos integrantes extiendo el mayor agradecimiento por su compromiso con todo el país”.
El caso comenzó cuando los militares apoyaron un operativo realizado por la Fiscalía contra organizaciones criminales en esa localidad. A su regreso, el grupo fue interceptado y retenido por aproximadamente 60 personas, según explicó el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Seis funcionarios de la Fiscalía fueron evacuados vía aérea con los elementos que incautaron durante el operativomientras que el pelotón fue “detenido ilegalmente, presuntamente por la comunidad local”, indicó un comunicado del Ejército.
Cortés había “rechazado rotundamente la situación que está ocurriendo en el municipio de Vista Hermosa” y denunció que “Las disidencias de las FARC han estado instrumentalizando a la población civil para que enfrente a la fuerza pública”.
La comunidad fue “aparentemente instrumentalizada por la comisión Marco Aurelio Buendía de disidencias de las Farc, quienes exigieron la presencia de un funcionario público de este municipio en el lugar”.
En ese momento, el alcalde del municipio, Juan Andrés Gómez López, acudió al pueblo para “dialogar con la población y atender sus demandas”.
Según el presidente, Esta presión del grupo ilegal “se debe a las últimas detenciones realizadas por la Fuerza Pública contra esta estructura criminal” y también anunció el apoyo de “organismos internacionales y de derechos humanos para garantizar a la comunidad sus derechos”.
