Las tensiones entre distintos frentes de las disidencias de las FARC generan preocupación en seis municipios del Valle del Cauca.
Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira, se convirtieron en un corredor de movilidad estratégico para grupos armados ilegales que buscan conectar los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima a través del páramo Las Hermosas, así lo denunció la Defensoría del Pueblo.
Es por ello que la entidad emitió la Alerta Temprana 010-2024 ante el riesgo inminente que enfrentan las comunidades residentes y de tránsito en las zonas rurales de estos seis municipios.
La alerta se generó por el agravamiento del conflicto armado y la violencia, principalmente por las acciones de expansión y disputa del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, disidente de las FARC, que busca controlar territorios del Comandante del Bloque Occidental Jacobo Arenas. especialmente el Frente Adán Izquierdo, con el apoyo del Frente Dagoberto Ramos, también disidentes de las Farc.
Estas tensiones desencadenaron un aumento de las violaciones de derechos humanos en la región.
Se registraron casos de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones de movilidad, retenes ilegales, hurtos, extorsiones y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otras violaciones al derecho internacional humanitario.
Medidas de precaución
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades civiles, policiales y militares a tomar medidas preventivas para evitar la consumación de estos delitos.
Se enviaron recomendaciones para prevenir homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos y ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, enfatizó la necesidad de que las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad de la nación implementen medidas excepcionales y prioritarias para proteger a las comunidades afectadas.
Esto, con el fin de evitar graves afectaciones a su vida, integridad, bienes y medios de subsistencia.
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades actúen de manera coordinada y efectiva para garantizar la seguridad y protección de las comunidades en riesgo.
La colaboración entre las instituciones gubernamentales, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil será clave para enfrentar este problema y restaurar la paz en la región del Valle del Cauca.
