Esta infraestructura vial es fundamental para la economía de la región, ya que constituye la principal vía de comunicación para el transporte de productos, el turismo, la pesca y el tránsito de residentes. El colapso del puente causaría graves daños a las comunidades aledañas, aislándolas y generando un impacto negativo en su desarrollo socioeconómico.
Debido a este impacto, hace unos días se registró un bloqueo por parte de cabildos indígenas y la comunidad en una de las vías más importantes que conectan estos departamentos. Esta manifestación pacífica se produjo porque, desde mayo de 2023, las fuerzas del orden nacionales pertinentes tienen pleno conocimiento de esta situación crítica. La comunidad solicita la reparación integral del puente o la construcción de uno nuevo.
La Delegada de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo reafirma su reclamo sobre la importancia del corredor del Golfo de Morrosquillo. Este corredor es fundamental para el flujo vehicular entre Córdoba y Sucre, incluyendo localidades como San Antero, Coveñas, Tolú, Toluviejo y Sincelejo. Además, es vital para la movilidad de pescadores y habitantes de la zona, y tiene un importante valor ecológico, albergando un ecosistema regional en el pantano. La Regional Sucre ha constatado la necesidad y, por ello, solicita activar una ruta alternativa hacia Coveñas, especialmente para vehículos pesados.
Por ello, la Defensoría del Pueblo llama a las entidades competentes para realizar su gestión, para visualizar soluciones prontas al riesgo de colapso que genera el puente, ya que se afectaría la seguridad alimentaria, el intercambio comercial y vidas humanas. con el tráfico de vehículos. Y aunque se han sostenido varias reuniones con funcionarios de gobiernos locales y departamentales para evaluar la magnitud de la situación, hasta la fecha no ha habido respuesta del Gobierno Nacional.
Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad de Coveñas interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vialidad (INVIAS) para determinar la exigencia de la solución inmediata y definitiva. .
