En los próximos días la justicia de Chubut decidirá si envía a una decena de manifestantes que en el Marco de protestas antiminera produjo incendios en RawsonHurtos, daños y afectaciones en general en diversos edificios públicos del Gobierno provincial, la Policía, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Minutos después de las 19:00 horas del 16 de diciembre de 2021, un grupo de manifestantes comenzó a causar daños a la Casa de Gobierno, logrando incluso ingresar al edificio y prender fuego a las diferentes estancias del edificio. Además, se realizaron graffitis con consignas contra el proyecto, los legisladores que votaron a favor del mismo y hasta el gobernador Mariano Arcioni. Mientras tanto, en el exterior se registraron varios destrozos en ventanas y aceras.
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La compleja y profunda investigación realizada por la Fiscal Titular Florencia Gómez junto con el Dr. Jeremias Regueira y el Dr. Leonardo Cheuqueman, lograron las respectivas acusaciones y recolección de pruebas para que el caso sea conocido en audiencia oral y pública.
Se trata de hechos ocurridos en Rawson el 16 de diciembre de 2021en el marco de amplias manifestaciones en varias calles de Rawson, en oposición al tratamiento de una Ley en la Legislatura provincial, para la explotación minera en Chubut.
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CARGADO
Estos son: Nicolás Alejandro Díaz (imputado por hurto agravado), Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza (daño agravado), Mauricio Naum Vargas (incendio intencional con peligro común a la propiedad, además de hurto agravado), Brian Osvaldo Díaz (daño agravado), Lautaro Oscar Martínez (daño agravado y hurto), Gastón Velázquez (daño agravado y hurto), Lucas Alexis Espinoza Andrade (daño agravado), Daniel Alejandro Andrade (atentado contra la autoridad agravado por el número de participantes y uso de arma indebida), Damián Andrés Díaz (daño agravado), Maximiliano Isaías Terán (fue sobreseído a solicitud de los representantes de la Fiscalía) Gustavo Cólin (fallecido en noviembre pasado) y Walter Orlando Colazurdo (incendio agravado con peligro común).
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Daniel Andrade y Lautaro Martínez No estuvieron presentes en la audiencia, y serán procesados por la fuerza pública. Incidentes Los incidentes ocurrieron entre las 19.30 y las 21.00 horas de ese día. Para los fiscales, se trataba de “pequeños grupos mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente” y que además “no encontraron resistencia”.
Destacó en la acusación que fueron agredidos, “los Casa de Gobierno, la Comisaría de Rawson, la Sección de Finanzas de la Policía Provincial, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Tribunal Federal, las oficinas del SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado , aunque también algunas empresas y propiedades privadas”.
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En la audiencia preliminar celebrada en la Oficina Judicial de Rawson, los defensores oficiales Pablo Sánchez y Damián D’Antonio intentaron aplicar la posibilidad de un Solución alternativa al conflicto a través de las figuras de conciliación o reparación.. Esta posición fue firmemente cuestionada por la Fiscal General Florencia Gómez porque se habían afectado bienes públicos.
Al respecto, citó jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en el caso Goodman. El juez de garantías Castro le dio la razón. El defensor oficial Miguel Moyano también asiste a algunos de los imputados (Naum Vargas y Walter Colazurdo).
Las penas solicitadas por la Fiscalía
Las penas que solicitará la Fiscal General Florencia Gómez varían según el delito que se imputa a cada persona. Van desde un año y dos meses de prisión hasta 6 años de prisión (para Mauricio Naum Vargas).
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Las penas a solicitar son las siguientes para cada uno de los imputados: Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza 1 año y 8 meses de prisión, Mauricio Naum Vargas 6 años de prisión, Brian Osvaldo Díaz 3 años de prisión, Lautaro Oscar Martínez 4 años de prisión , Gastón Velázquez 4 años de prisión, Lucas Espinosa 1 año y 8 meses de prisión, Daniel Alejandro Andrade 1 año y 2 meses de prisión, Damián Andrés Díaz 1 año y 8 meses de prisión, y Walter Orlando Colazurdo 5 años de presión.
La Fiscalía solicitó en la audiencia que el tribunal competente sea unipersonal y se espera que se realice una inspección visual en cada lugar de los hechos. Mientras que la defensa solicitó un Tribunal colegiado para el juicio.
El número de testigos de ambos bandos ronda el centenar. En la audiencia hubo objeciones cruzadas y no se descarta que de realizarse el debate se depure la lista.
