La solicitud del Senado al Congreso para revertir la aprobación de la ley de amnistía constituye un choque inusual entre ambas cámaras con un camino jurídico muy discutible. Este conflicto es, por ahora, el último derivado de una aguda polarización política en la que los ataques con espesa artillería dialéctica se han extendido desde el foro parlamentario y la lucha entre los partidos –su ámbito natural– hasta instituciones cuya composición no es del agrado de uno o el otro. Un salto peligroso para afectar el prestigio de organizaciones pilares de nuestro Estado de Derecho, como todas las relacionadas con la Justicia, en las que empieza a ser moneda corriente valorar sus decisiones no por la solidez de sus argumentos, sino por la supuesta sesgo ideológico de quienes los han adoptado.
El control del Senado que las encuestas han otorgado al PP le otorga una palanca privilegiada de oposición al Gobierno, que debe utilizar de forma inteligente. No sería incurrir en una instrumentalización flagrante de la Cámara al forzar el marco de su funcionamiento. Del mismo modo que el PSOE y sus socios no deben despreciar los acuerdos que aprueba como si carecieran de legitimidad democrática. Si en este escenario el Senado corre riesgo de desgaste, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía del Estado ya han dado varios pasos en este sentido. La inclusión de la defensa o crítica legítima de sus acciones en la lucha partidista, generalmente en un tono acalorado, alimenta el peligro de dotar de un barniz político a instituciones cuya credibilidad está directamente relacionada con su independencia.
Es gravemente irresponsable dañar la imagen de pilares de nuestro sistema democrático simplemente porque en un momento dado la correlación de fuerzas en ellos no favorece a determinadas siglas. Este proceso es el resultado no sólo de una tensión que lo envenena todo, sino de la elección cada vez mayor por parte de estas organizaciones de perfiles en los que prima el rigor profesional antes que la alineación con quien los ha designado, lo que no favorece en nada el prestigio de las organizaciones. eso debería estar fuera de toda duda. Las mayorías que se repiten en las votaciones del Constitucional y del CGPJ constituyen un pésimo ejemplo. Y es tan impresentable que RTVE esté dirigida por un militante socialista como que uno del PP haya estado al frente del TC durante años.
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