El Gobierno de Gabriel Boric ha exigido este viernes a Venezuela la extradición de dos presuntos autores del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, exluteniente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile desde 2018. La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha advertido a Caracas que “los ojos del mundo” estarán puestos en su comportamiento. Esta es la primera reacción de la Administración de izquierda luego de que la Fiscalía chilena señalara que el asesinato de Ojeda el pasado 2 de marzo, cometido en Santiago de Chile, tuvo un móvil político y fue orquestado desde Venezuela.
Tres hombres secuestraron a Ojeda, de 32 años, en la madrugada del 21 de febrero en su departamento en el municipio de Independencia, donde vivía con su esposa y su hijo pequeño. Los delincuentes tenían el rostro cubierto y vestían uniformes falsos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Todo quedó registrado en un vídeo del edificio. La policía encontró su cuerpo 10 días después, enterrado a 1,40 metros de profundidad, en un asentamiento irregular de la zona occidental de Santiago de Chile. Hasta el momento solo ha habido un detenido -un menor de 17 años- y la Fiscalía ha dicho que otros dos sospechosos se encuentran en territorio venezolano.
“Ambos países tienen un tratado de extradición vigente desde 1962, y aunque la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido abandonado, ni por Venezuela ni por Chile”, afirmó Tohá. “Chile tiene todo el derecho a exigir cumplimiento y a pedir que en el caso de estos delincuentes, una vez aprehendidos, se les permita venir a enfrentar la justicia en nuestro país por el crimen que cometieron en nuestra tierra”, agregó.
Las declaraciones de este jueves del fiscal chileno Héctor Barros al canal de televisión Chilevisión sobre si el móvil del asesinato de Ojeda fue político –“hasta el momento no tengo otro precedente que nos muestre, que nos señale en otra dirección”– se produce en momentos en que la tensión entre Santiago y Caracas ha ido escalando. Horas antes, Boric había anunciado que llamaría a consultas al embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri, luego de que el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, declarara que el grupo criminal internacional Tren de Aragua es “un medio de comunicación ficción internacional”. Tohá anunció que este viernes enviarán notas diplomáticas sobre el caso y el embajador Gazmuri recibirá instrucciones del presidente Boric sobre “medidas adicionales” que se tomarán en la relación bilateral.
El fiscal Barros, coordinador en Santiago del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), insistió temprano en la mañana que “se han descartado líneas de investigación”. “Hasta el momento hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera y en el contexto del crimen organizado”, dijo a los medios. También explicó que se hizo un pedido de asistencia penal internacional a Caracas, para ayudarlos con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que se encuentran en Venezuela.
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