En la mesa de diálogo interinstitucional liderada por la Contraloría General en la ciudad de Riohacha, se discutieron una vez más los proyectos de energía eólica que se están poniendo en marcha en el departamento de La Guajira.
Se escucharon las voces de las instituciones, pero no las de las comunidades, muchas de las cuales no están muy convencidas de los beneficios de los proyectos.
En la reunión, el Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, solicitó al Gobierno nacional impulsar un marco regulatorio transitorio excepcional que permita proyectos de generación que estén listos para conectarse al sistema.
Al mismo tiempo, quedó claro que algunos de los proyectos no han podido conectarse porque les falta algún trámite como la licencia, y para obtenerla es fundamental que se realice la consulta previa con las comunidades en tiempo y forma. , una actividad que sin el apoyo del Gobierno es difícil que los particulares puedan realizarla en términos razonables.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, fue más directo. “No puede ser que en el Gobierno que ha impulsado con mucha fuerza y voluntad la transición energética y empresarios de otros países se vayan por temas de gestión con las comunidades o de gestión con las relaciones institucionales, o por temas de licencias ambientales, inversión extranjera está siendo asustado “.
El lanzamiento de proyectos de energías limpias volvió a poner sobre la mesa el tema de una transición energética justa que sea impulsada por los gobiernos nacional y local.
Para el Gobernador Jairo Aguilar una verdadera transición energética tiene que ser justa en la medida que lo que se pide y se hace beneficia a las comunidades, y es ahí donde realmente se tiene que seguir trabajando para lograr ese beneficio para quienes ceden su territorio para el montaje de las torres gigantes.
El llamado es a seguir insistiendo en este diálogo genuino entre comunidades y empresas de manera directa, sin ningún tipo de intermediarios, donde se respete el marco legal de consulta previa.
También es importante respetar aquellas decisiones donde las comunidades se oponen a la instalación de proyectos en su territorio.
