La Fiscalía General de la República presentó cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Alexander Martínez Parra, porque no ejecutó los recursos económicos asignados en 2019 a la comunidad indígena del resguardo Caño Mochuelo.
Según la investigación, los recursos financieros del Sistema General de Participación, disponibles para esta población vulnerable, durante el período señalado, no fueron ejecutados por el entonces presidente, Martínez Parra, vulnerando con ello el derecho de estas personas a invertir el presupuesto. programado a su favor, según lo dispuesto por la ley.
En el resguardo Caño Mochuelo, ubicado en el extremo nororiental de Casanare, conviven diez naciones indígenas, cuatro de ellas consideradas sedentarias como los sikuani, piapoco, sáliba y amorua; el resto aún conserva sus principios de tradición nómada, como los maiben masiware, wamonae, waüpijiwi, yamalero (mayaleros), tsiripus y yaruros).
Según las pruebas recabadas por la Procuraduría General de la República, la partida presupuestaria fue gestionada dos años después, en 2021, es decir, por otra administración distinta a la del investigado.
A juicio del Ministerio Público, el funcionario no actuó con oportunidad y diligencia, “ya que tenía la obligación permanente de cumplir con las disposiciones legales y constitucionales, especialmente cuando se trata de un servicio a favor de las comunidades indígenas”.
La conducta imputada provisionalmente a Martínez Parra fue calificada por la Fiscalía Regional de Casanare como falta grave en la modalidad de falta muy grave.
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