Una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe no tiene acceso a agua potable continua. Esto equivale a 163 millones de personas, cifra que supera a toda la población de un país como México, y que incluye a más de 36 millones de personas en la región que no tienen acceso a agua en sus hogares.
Esto los obliga a recibir agua de carros cisterna (que no siempre es potable), o a transportarla en tambores desde arroyos, manantiales o pozos poco profundos (tarea que generalmente recae en mujeres, niñas y niños).
Según el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, desde una perspectiva territorial hay dos grandes segmentos que carecen de agua segura: las zonas periurbanas y los territorios rurales.
Se estima que alrededor de 100 millones de personas viven en barrios, favelas o asentamientos informales. La cifra es similar a la de la población urbana que no tiene acceso a agua potable (106 millones de personas). Mientras que el resto de la población (57 millones) se ubica en territorios rurales.
Explicó que este problema es aún mayor en el área de saneamiento, donde una de cada dos personas no recibe un servicio de saneamiento seguro, ya sea porque no cuenta con alcantarillado (cloaca) o porque su cámara séptica o letrina no es la adecuada y los lodos depositados nunca se recogen y eliminan en lugares ambientalmente seguros, como plantas de tratamiento. Ambas situaciones contradicen la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Señaló además que mientras se limite el acceso a ambos servicios continuarán los efectos directos en la salud, con impacto en la mortalidad y morbilidad infantil por enfermedades asociadas a la falta o consumo de agua inadecuada.
Por otro lado, los desastres naturales son cada vez más extremos, con sequías más duraderas y mayor número e intensidad de inundaciones debido a las lluvias recurrentes. En el caso de las sequías, las pérdidas económicas directas en los últimos 20 años han significado 28 mil millones de dólares (EM-DAT, 2023) para la región, afectando a la población rural que depende del desarrollo agrícola.
La falta de agua provoca un aumento de la pobreza en el campo, la desnutrición y es una de las causas de la migración rural-urbana.
