En cadena nacional el presidente de Argentina, Javier MileiConfirmó la continuidad de la organización de las cuentas públicas como única manera de sacar de la pobreza al “60%” de la población de su país.
“El Estado actual se acabó”enfatizó -citado por Clarín-, en alusión a una de las consignas del kirchnerismo.
Y en esa línea -y con el objetivo de la administración de ordenar las finanzas- Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, informó que Los “pagos” de las indemnizaciones recibidas por las víctimas del terrorismo de Estado serán “detenidos” como consecuencia de la detección de irregularidades.
En un texto, el ministro ordenó realizar “una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas al amparo de las leyes de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado” durante la última dictadura militar (1976-1983), debido al descubrimiento de “diferentes casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago.”
El comunicado difundido por Cúneo Libarona agregó que el Ministerio “articulará medidas para no pagar los montos económicos de las prestaciones a quienes no correspondan” y perseguirá “la devolución de las sumas pagadas por fraude y que hayan sido recaudadas indebidamente para que sean devueltas a las arcas del Estado”.
El documento citó como ejemplo de irregularidad el caso abierto contra Adrián Martínez Moreira, quien fue procesado en 2023 como organizador de una asociación criminal dedicada a la falsificación de pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de demandas de reparación, además de otros delitos, como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos.
Según información publicada por el Ministerio de Justicia en 2023 -aún bajo la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023)-, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en este caso en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas.
Las compensaciones económicas otorgadas por el Estado a las víctimas de la dictadura están recogidas en varias leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013 y se pagan una vez comprobado el daño en un proceso judicial.
Tanto Milei como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, han negado en varias ocasiones que hubo 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
Superávit financiero
Milei, en la citada cadena nacional que se transmitió ayer lunes, dijo que El sector público nacional registró en marzo un superávit financiero de unos 275.000 millones de pesos (unos 313 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).
El Presidente explicó que en el primer trimestre del año este superávit fiscal financiero (después del pago de intereses de la deuda) equivalió al 0,2% del PBI; y que se registró un superávit primario del 0,6% del PIB.
milei dijo que “El déficit cero no es sólo un eslogan de marketing” para su Gobierno, sino “un mandamiento”.
“No esperemos la salida de la mano del gasto público. La era del llamado Estado actual ha terminado”.reiteró.
