El evento electoral ha sido calificado por movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles como innecesario y engañoso, mientras que para el Gobierno y sus seguidores es la solución a los problemas de seguridad del país.
A cinco meses de su llegada al Palacio de Carondelet, Noboa materializará una de sus promesas de campaña, que fue precisamente someter a consulta popular algunos temas de su interés, entre ellos el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
Una de las preguntas busca permitir el apoyo complementario de militares a policías sin necesidad de decretar estados de excepción, aunque la Corte Constitucional ya dijo que con la actual declaratoria de conflicto armado interno lo anterior no era imprescindible.
Además, especialistas en temas de seguridad y vida cotidiana afirman que la militarización no es la solución a la violencia y se multiplican las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos contra poblaciones empobrecidas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que “el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría conducir a una militarización de la sociedad, lo que puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles”.
Otras cuestiones buscan endurecer las penas para cierto tipo de delitos, reformar las leyes sobre control de armas y municiones, permitir la extradición y la incorporación de poderes judiciales especializados en asuntos constitucionales.
La mayoría de estas cuestiones, de ser aprobadas, deberán pasar a la Asamblea Nacional (Parlamento) para desarrollar el reglamento correspondiente antes de entrar en vigor, por lo que muchos califican de innecesaria la consulta, que se podría haber tratado en el legislativo sin gastar 60 millones. . de dólares.
Más allá de temas relacionados con la seguridad, Noboa quiere reformar el Código del Trabajo para legalizar los contratos a plazo fijo y por horas, sin embargo, la oposición critica este asunto. “Va a traer más pobreza, contracción de la economía e inseguridad laboral”, dijo la excandidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana.
Los ecuatorianos también tendrán que pronunciarse sobre el arbitraje internacional como método para resolver disputas de inversión, contractuales o comerciales.
Según el Gobierno, esta disposición tiene por objeto proteger a los inversores extranjeros mediante instrumentos internacionales,
El abogado constitucionalista Ramiro Ávila cree que esta reforma es parte de una agenda que debilita a los Estados, fortalece a los agentes privados y protege los intereses corporativos.
Ávila puso el ejemplo del caso Chevron-Texaco, en el que Ecuador falló a favor de las comunidades que sufrieron los impactos permanentes de la contaminación ambiental por la explotación petrolera, y el arbitraje internacional fue a favor de la empresa contaminante.
En este momento, la popularidad del presidente fluctúa en sintonía con sus decisiones respecto a los problemas que presenta el país, como la actual crisis energética o de seguridad.
Encuestas publicadas en la prensa nacional señalan que al inicio de su gestión el jefe de Estado superó el 80 por ciento de aceptación, pero en la recta final de la consulta bajó al 57 por ciento, según datos del Imasen.
Por tanto, la votación de este domingo servirá para saber si los ecuatorianos lo apoyan y también si apoyan sus decisiones ante problemas recurrentes como la inseguridad, el desempleo y los apagones.
El asalto a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, pese al abrumador rechazo internacional, dentro del país contó con cierto respaldo de sus seguidores y del sector más anticorreista, aunque sin duda influyó en una percepción negativa sobre su forma de actuar. . acto, que los analistas calificaron de autoritario.
En este contexto, la consulta popular constituye un paso hacia la reelección de Noboa en 2025, en línea con una mayor militarización de la sociedad y una mayor neoliberalización de la economía, afirmó el economista Alberto Acosta Espinosa.
memoria/avr
