A diferencia de naciones como España, el estado de Florida en Estados Unidos aprobó una nueva ley que permite el desalojo inmediato de “ocupas ilegales”, es decir, personas que se cuelan en casas ajenas.
Según la prensa local, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que permite el desalojo inmediato de los “ocupas ilegales” de una vivienda. Esta ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024, protege los derechos de los propietarios en todo el estado y es diferente a las leyes de otras partes del país.
Con esta nueva medida, los propietarios de viviendas de Florida podrán solicitar a las autoridades el desalojamiento inmediato de los ocupantes ilegales de sus viviendas. Esto significa que no tendrán que pasar por un largo proceso judicial, que puede llevar meses o incluso años.
La ley también establece penas más severas para quienes ocupen una vivienda ilegalmente.
““Estamos poniendo fin a la estafa de los okupas en Florida”, afirmó el gobernador antes de confirmar en Orlando, a finales de marzo, esta ley de desalojo contra los “ocupas ilegales” en este estado.
“Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios de viviendas y castigamos a los delincuentes que buscan engañar al sistema”, añadió.
Desalojo inmediato de “ocupas ilegales” en Florida
Para el desalojo inmediato de ocupantes ilegales en Florida, la oficina del sheriff o la autoridad policial local pueden cobrar una tarifa por hora si el propietario solicita su presencia para mantener la paz mientras se cambian las cerraduras y se retiran los bienes personales. de los “ocupantes ilegales”.
Además, la ley exime al dueño de la propiedad de responsabilidad por la pérdida o destrucción de la propiedad personal del desalojado, a menos que haya sido removida indebidamente.
¿Sanciones para los okupas en Florida? La nueva ley de ocupación ilegal de Florida establece que la entrada ilegal con la intención de causar daños de $1,000 o más se considera un delito grave de segundo grado.
De la misma manera, anunciar a sabiendas la venta o el alquiler de propiedades residenciales sin la autorización adecuada o sin ser el propietario legal se considera un delito grave de primer grado.
Además, quienes participen en prácticas engañosas para obtener acceso no autorizado a propiedades residenciales pueden enfrentar cargos penales.
