En un encuentro con los medios de comunicación, el titular del órgano rector de los comicios explicó que optaron por esta modalidad después de que en dos ocasiones anteriores el voto telemático tuvo problemas técnicos.
Atamaint indicó que ya están en camino 610 paquetes con boletas y otros documentos para garantizar el sufragio de los 429.165 ecuatorianos registrados en el exterior.
Precisó que no podrán votar quienes no cambiaron de domicilio antes del 9 de enero o emigraron después de esa fecha.
Si bien el voto es opcional para quienes residen fuera del territorio nacional, para quienes están registrados en el país es obligatorio y si no asisten pueden ser multados.
El titular del CNE señaló que la votación no se realizará en Nicaragua porque al no tener consulado en esa nación no tienen forma de organizar el proceso.
El Viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, agregó que en la organización de la consulta participan 65 oficinas consulares y, además, la Cancillería estableció una sala de seguimiento para coordinar el funcionamiento de las instalaciones en el exterior de manera eficiente y transparente.
En relación al presupuesto para realizar la consulta, estimado en 60 millones de dólares, Atamaint señaló que como el Ministerio de Economía y Finanzas no ha transferido el monto necesario para realizar el proceso, cada institución asume con sus fondos las actividades relacionadas con la cita. electoral.
Ejemplificó que el CNE aportó seis millones de dólares para contratar personal y dijo que deben poner las cuentas en orden para que luego el Gobierno transfiera los recursos.
La campaña para la consulta popular y referéndum, que cuenta con 11 preguntas en total, inicia oficialmente el 7 de abril y finaliza el 18 de este mes, según el calendario oficial.
El próximo 21 de abril los ecuatorianos decidirán, entre otros temas, sobre la participación de los militares en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, la extradición, la posibilidad de establecer tribunales en materia constitucional, el reconocimiento de arbitrajes internacionales y la implementación de contratos temporales y por horas.
Organizaciones sociales y políticas consideran engañosa e innecesaria esta consulta convocada por el presidente Daniel Noboa.
La propuesta del presidente ha sido calificada de errática, ya que abarca temas que pueden ser discutidos en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.
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