Juez colombiano advierte que agresiones son ‘una amenaza muy real’

Juan Merchán, el juez de origen colombiano que encabeza uno de los procesos penales que enfrenta Donald TrumpReforzó este fin de semana la orden de mordaza o silencio que ya había sido impuesta contra el expresidente luego de que continuara con sus ataques contra miembros de la Corte y sus familiares.

“Ya no es sólo una mera posibilidad o una probabilidad razonable de que exista una amenaza a la integridad de los procedimientos judiciales. La amenaza es muy real. No bastan las advertencias ni el autocontrol”, escribió Merchán tras indicar que A partir de ahora, la orden abarcará también tanto a su familia como a Alvin Bragg, el fiscal del caso..

Este sábado el expresidente arremetió contra la hija de Merchán, a quien catalogó como una antitrumpista “rabiosa” por su trabajo anterior asesorando campañas del Partido Demócrata.

Trump también insistió nuevamente en que Merchán deberá ser “sancionado y apartado” del proceso, cuyo inicio está previsto para el 15 de abril.

Merchán, nacido en Bogotá, es el juez asignado al caso que se sigue contra Trump en Nueva York por los pagos ilegales que hizo a una actriz porno (Stormy Daniels) y a una “conejita” de Playboy (Karen McDougal) para hablar en público. sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales con el expresidente.

Michael Cohen, entonces abogado de Trump, realizó los pagos con sus propios fondos y luego lo recompensó con giros mensuales. los cuales fueron facturados como gastos de entretenimiento.

Según los fiscales, los pagos no sólo eran ilegales -ya que los registros contables de la empresa estaban disfrazados para ocultarlos- sino que constituirían una violación a las normas de financiación de campañas políticas ya que el objetivo era evitar que afectaran su carrera por la Casa Blanca en 2016. .

El caso ante Merchán marca un hito en la historia reciente del país porque es Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a un juicio para responder a cargos penales.

El colombiano ya había ordenado la semana pasada una primera orden de silencio contra Trump que protegía a miembros de la Corte y testigos pero no incluía a su propia familia ni a la del Fiscal.

Ya no es sólo una mera posibilidad o probabilidad razonable de que exista una amenaza a la integridad de los procedimientos judiciales. La amenaza es muy real. No bastan las advertencias, ni tampoco el autocontrol.

Desde que el proceso comenzó en abril del año pasado, El expresidente viene atacando tanto a Merchán, como a su familia y a fiscales y testigos.

Alega que el juez se vería impedido por el trabajo previo de su hija con los demócratas y por su actitud en un caso anterior, cuando condenó a su empresa a pagar 16 millones de dólares en multas por evadir impuestos. En general, ha dicho el expresidente, el proceso Es parte de una “caza de brujas” en su contra que busca impedir que llegue a la Casa Blanca.

Merchán y Bragg, por supuesto, no son los únicos que vienen recibiendo ataques del expresidente.

Arthur Engoron, otro juez de Nueva York que multó a Trump con casi 500 millones de dólares también por evasión fiscal, lo llama frecuentemente “corrupto” y dice lo mismo de los fiscales Jack Smith y Fani Willis, que Fue acusado penalmente por sus esfuerzos por mantenerse fraudulentamente en el poder tras su derrota en las elecciones de 2020.

Según los expertos, El ataque contra jueces fiscales y testigos es parte de una minuciosa estrategia electoral que busca allanarle el camino a la Casa Blanca presentándose como víctima de un sistema legal amañado que busca destruirlo.

Una estrategia muy exitosa que le permitió, en parte, arrasar en las primarias del Partido Republicano.

“Es una estrategia que busca deslegitimar al sistema judicial y por ende a cualquier juez o fiscal que pretenda procesarlo para obtener ventajas tanto en los tribunales como ante la opinión pública con fines electorales”, dijo el exfiscal Kenneth White al Washington Post. .

Es una estrategia que busca deslegitimar el sistema judicial y por ende a cualquier juez o fiscal que pretenda procesarlo para obtener ventajas tanto en los tribunales como ante la opinión pública con fines electorales.

Según este medio, Sólo desde 2022, cuando lanzó su actual campaña electoral, el expresidente ha atacado personalmente a los jueces y a sus familias al menos en 138 ocasiones.

Otro análisis de la agencia Reuters indica que las amenazas contra las autoridades judiciales se han duplicado desde entonces.

Engoron, por ejemplo, recibió una amenaza de bomba contra su casa en enero mientras los demás jueces a cargo de los juicios contra Trump son acosados ​​a diario con mensajes amenazantes.

La semana pasada, el juez de distrito Reggie Walton, designado por los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush, respondió a estos ataques advirtiendo que se estaba poniendo en riesgo el estado de derecho y la independencia del sistema judicial.

“Es muy desconcertante cuando alguien hace comentarios sobre un juez, y es particularmente problemático cuando esos comentarios son en forma de amenazas, especialmente si están dirigidos a la familia. Hacemos este trabajo porque estamos comprometidos con el estado de derecho y creemos en el estado de derecho. La ley y el estado de derecho sólo pueden funcionar eficazmente cuando tenemos jueces que estén preparados para desempeñar sus funciones sin la amenaza de un posible daño físico”, dijo Walton en una entrevista con la cadena. CNN catalogado como inusual porque los jueces en activo no suelen hacer pronunciamientos públicos de este tipo.

“Creo que es importante para preservar nuestra democracia que mantengamos ese estado de derecho. Y el Estado de derecho sólo puede mantenerse si tenemos funcionarios judiciales independientes que sean capaces de hacer su trabajo y garantizar que las leyes se cumplan y se apliquen por igual a todos los que comparecen ante nuestro tribunal”, continuó el jurista.

Walton, cabe señalar, es el juez que condenó al paramilitar colombiano Jorge de 40 a 16 años de prisión en 2015.

Aunque las órdenes de mordaza o silencio prevén sanciones e incluso penas de cárcel para este tipo de casos –algo que suele disuadir a los potenciales infractores–, con Trump la situación es más compleja.

En primer lugar, porque las sanciones económicas previstas –que son incrementales– no harían mella en su gran fortuna y además serían un precio bajo a pagar en comparación con el beneficio que este tipo de retórica aporta a su campaña.

Además, Nadie cree -y el expresidente parece saberlo- que un juez optaría por enviarlo a la cárcel ante el estallido que eso podría provocar entre sus seguidores.

Trump, de hecho, ha intentado provocar en un par de ocasiones a los jueces buscando ese resultado.

Por ahora, y particularmente a partir de este 15 de enero, todas las miradas estarán puestas en Merchán y el difícil escenario que deberá gestionar durante las seis semanas que se estima que durará el juicio contra Trump.

SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington