La versión digital del diario O Tempo aludió a este hecho y señaló que esta junta, cuya función es investigar crímenes cometidos durante ese período militar, fue extinguida durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Según informaciones de interlocutores entrevistados por O Tempo en Brasilia, los familiares de las víctimas están intentando ejercer presión, pero hasta el momento no ha habido avances significativos en ese sentido.
El proceso para reactivar la comisión estuvo liderado por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, pero aún no hay una fecha definida para su finalización.
Lo anterior se debe a que, en términos burocráticos, la responsabilidad del asunto dejó de pertenecer a esa cartera y ahora está en manos del presidente del país.
Una fuente consultada por el diario destacó que la reactivación no se producirá este año, principalmente porque el fundador del Partido de los Trabajadores evita conflictos con los militares. Mejorar la relación con este colectivo es una de sus prioridades.
En ese sentido, el Gobierno decidió cancelar otros eventos relacionados con el 60 aniversario del golpe militar de 1964, ocurrido este domingo.
Lula afirmó la semana pasada que siente cariño por las Fuerzas Armadas, que están “altamente calificadas” para garantizar la paz.
En sus discursos se centra en denunciar el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, en lugar de resaltar el régimen militar.
Sin embargo, aliados de la base gubernamental consultados por O Tempo muestran frustración con esa decisión, al considerar un error político no hacer una manifestación pública sobre ese momento.
Para aliviar este malestar, los miembros de la Explanada de los Ministerios pueden participar como invitados en eventos sobre el tema.
Uno de ellos ocurrirá mañana, cuando la Comisión de Amnistía juzgará en Brasilia una apología de la Tierra Indígena Crenaque, además de una reparación en el caso de los nueve ciudadanos chinos que fueron condenados a prisión durante la administración uniformada y posteriormente expulsados de Brasil. .
El 3 de abril está previsto el juicio del caso de Clarice Herzog, esposa del periodista Vladimir Herzog, muerto y torturado durante el régimen militar.
La publicación reseña que Adriano Codato, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Federal del sureño estado de Paraná, evalúa que la elección adoptada por Lula parece haber sido la de no sobrecargar la agenda de su tercer Gobierno con temas difíciles y controvertidos, muchos heredados de la administración presidencial anterior.
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