El secretario del Juzgado Federal del Tribunal Federal de Río Grande, Juan Manuel Vicente, explicó el fallo del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia respecto de la tarifa del gas que afecta a los usuarios fueguinos y la actuación de la Juez Federal de Río Grande Mariel Borruto.
“Esto comienza con un pedido del Gobierno de la provincia que solicitó la nulidad de una resolución del Ministerio de Energía que instruyó al ENARGAS a crear una nueva tarifa de gas y a partir de esa nueva tarifa se emitieron facturas por montos muy elevados por encima del consumo que había ocurrido”, recordó Vicente.
“A partir de ahí una de las propuestas fue dejar sin efecto esa resolución y hasta que no se resuelva el tema no debe haber cortes de suministro dado que el corte de suministro causa daños al usuario que no se pueden reparar después cuando se termine de resolver el problema. ”, añadió.
“El juez dijo hasta que tenga la respuesta del ENARGAS y del Ministerio de Energía sobre este asunto que planteó la provincia, vamos a ordenar que no se puedan hacer recortes en base a facturas con aumentos hasta que resolvamos el tema.
Esto, como varias cuestiones del caso, fueron apeladas por organismos estatales. Una de ellas fue esta medida que la Corte de Apelaciones indicó que fue bien adoptada, que era una medida adecuada para el caso que teníamos y que era procedente que el juez hubiera ordenado que no se hicieran recortes hasta que se resuelva esta otra medida. los aumentos”, explicó.
Otro de los aspectos que se cuestionó, entre lo que propuso el ENARGAS, fue la recusación del juez. La recusación es una herramienta que tienen las partes para solicitar la destitución de los jueces cuando consideran que existe algún elemento que les impide desempeñar su trabajo con la objetividad e imparcialidad que requiere la labor de un juez.
“En este caso específico se planteó la recusación, por lo que la jueza no pudo pronunciarse sobre este tema en las últimas semanas porque fue recusada con base en lo que el ENARGAS considera que fue un anticipo de su dictamen; que había adelantado su opinión final en algún segmento de las resoluciones que había emitido. Lo que dijo la Sala fue que no había opinión anticipada porque la jueza estaba resolviendo lo que se le presentó y lo único que había hecho era una descripción de una circunstancia objetiva respecto de las partes que integraban los casos y que eso no era un dictamen anticipado. de opinión ni puso en riesgo la imparcialidad y objetividad del juez para resolver”, aclaró.
Vicente señaló que “lo único que se ha resuelto hasta el momento es esta primera medida es no permitir recortes, no se ha resuelto nada respecto a la naturaleza de estos aumentos si corresponde o no hacerlos”.
Finalmente, indicó que “lo que queda por resolver es precisamente lo que había solicitado la provincia respecto de la nulidad de las resoluciones que establecieron este nuevo cuadro tarifario y eso es lo que el juez está en condiciones de resolver en los próximos días”.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
