El ministro de Gobierno de Chubut, Andrés Meiszner, confirmó que la provincia avanza en la preparación de un recurso contra el reciente aumento de las tarifas del gas, tras el anuncio previo realizado por el gobernador en Comodoro Rivadavia. Este recurso se suma a otros reclamos judiciales que la provincia tiene en curso contra el Gobierno nacional, entre ellos temas relacionados con el transporte y la deuda del Fideicomiso por casi 145.000 millones de pesos.
Pese a la cancelación anunciada por el Gobierno nacional de la actualización tarifaria prevista para mayo, los usuarios ya recibieron facturas con aumentos aplicados en abril. Esto se ha traducido en importantes aumentos en las facturas de servicios públicos, como el del Parque de Bomberos de Comodoro, que experimentó un aumento del 800%, o el Centro de Retiro de Oil Capital, con un aumento del 2.500%, según la información recogida por el medio ADNsur.
Meiszner reconoció que el modelo de recursos que están preparando guarda similitudes con el presentado recientemente por la provincia de Santa Cruz, que busca revertir los aumentos aplicados en abril y promover una actualización tarifaria de manera más gradual y razonable. Además, destacó que este no es el primer enfrentamiento legal entre Chubut y el Gobierno nacional, recordando otros reclamos anteriores relacionados con subsidios al transporte y deudas.
En cuanto al tema del transporte, el ministro explicó que la provincia enfrenta un nuevo desafío luego de una reciente resolución Nacional que elimina los subsidios en el interior del país, aunque los mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Ante esto, Chubut ultima la presentación de medidas legales en el juzgado federal de Rawson, pero el principal foco del gobierno provincial es absorber ese recorte para mantener las tarifas lo más razonables posible.
Este ajuste en los subsidios al transporte implica un aumento del 60% en los aportes que debe hacer la provincia para sostener las tarifas, especialmente en el transporte interurbano, mientras que para el transporte urbano, que es concesionado por los municipios, la carga financiera recae principalmente en ellos, aunque con apoyo estatal. en un grado menor.
Meiszner destacó la importancia de realizar un análisis exhaustivo de las cifras para evitar un impacto excesivo en los usuarios finales, asegurando que la prioridad es mantener tarifas razonables para los pasajeros.
