Escalada de violencia en el Cauca amenaza a poblaciones indígenas Nasa – .

Fuente: Waspa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Marcha del pueblo Nasa con la Guardia Indígena al frente.

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, vive un contexto de emergencia humanitaria debido a diversos hechos violentos contra poblaciones indígenas que, de enero a abril de 2024, se han intensificado en la región.

Así lo denuncian organismos internacionales de derechos humanos, quienes llaman al Estado colombiano a tomar acciones y garantizar la integridad ante ataques que, consideran, violan la autonomía y los derechos colectivos del pueblo Nasa.

De acuerdo con el llamado de alerta, las comunidades se mantienen en estado de vigilancia. Destacan el asesinato de la dirigente Carmelina Yule Paví, ocurrido durante marzo y denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Los pueblos indígenas acusan a grupos armados, como el llamado “Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central”, un grupo de disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como responsables del homicidio.

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La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) detalla que esta situación de emergencia se enmarca en el contexto de violencia armada que continúa afectando a los pueblos indígenas tras la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), durante el año 2023 más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de acoso, confinamiento y desplazamiento forzado. El informe destaca que los mayores perpetradores de violencia contra los pueblos indígenas de Colombia fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 42.700 víctimas; Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) con 6.551 y las disidencias de las FARC con 3.448.

El accionar de distintos grupos armados en el departamento del Cauca ha generado una crisis humanitaria, advirtieron organismos internacionales.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al menos 37 líderes indígenas fueron víctimas de violencia en Colombia durante 2023.

El IPRI destaca en su informe 2022 Violencia, impunidad y criminalización contra los pueblos indígenas de Colombiasobre el accionar de grupos armados dentro de los territorios de los pueblos indígenas, “asesinando a guardias y autoridades indígenas, reclutando por la fuerza a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzosos y desplazando a indígenas de sus territorios”.

La organización de derechos humanos sostiene que el 90% de los casos permanecen impunes, lo que propicia que se sigan perpetrando ataques contra poblaciones indígenas. “Los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas caucásicos –adultos, niños y el propio territorio– no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de una protección especial”, señala el IPRI.

Escalada

La escalada de violencia en abril pasado alcanzó niveles alarmantes con hechos como el secuestro de miembros de la comunidad Nasa del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá, según informó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Ante la privación de libertad de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor Estiven Quinto, la comunidad de Pisimbalá se movilizó y a través de la guardia indígena y miembros de la comunidad rescataron a los indígenas. En su denuncia, el CRIC enfatizó que ante estos hechos, “no permitirán más desarmonías en nuestros territorios”.

El Cauca se ha convertido en un territorio en disputa para los grupos armados. Foto: Fernando Vergara

El CRIC señaló que el grupo armado Dagoberto Ramos es responsable de los daños físicos y psicológicos de sus comunitarios e instó a la comunidad internacional a pronunciarse para detener la violencia sistemática contra el pueblo del Cauca.

En una carta de solidaridad desde México, organizaciones sociales sostienen que, sólo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, se ha registrado el asesinato de 26 personas en la región. En la carta destacan que entre los homicidios se encuentran los casos de ocho conocedores ancestrales perpetrados durante los últimos dos años.

Además, expresaron su preocupación por el reclutamiento forzado por parte de actores armados de niños y/o adolescentes menores de 18 años, la mayoría en el norte del Cauca. “En 2022 se llevó un registro de al menos 250 casos, en 2023 al menos 153 casos y en lo ocurrido en 2024 se llevó un registro de 27 menores reclutados”, detallan.

Organismos internacionales comunicaron su apoyo a las decisiones tomadas por el Proyecto Plan de Vida Nasa (Toribio, Cauca), al que se sumó la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para llevar a cabo el control de su territorio, como administrar justicia para los responsables de estas graves violaciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a organizaciones armadas con el objetivo último de defender la vida”.

Suspensión del alto el fuego

Estos hechos violentos se dan en un contexto de incremento de enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad en diversas zonas del Cauca luego de que, en marzo pasado, un decreto firmado por el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendiera el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con Territorial. impacto (CFBTNT) que había establecido una tregua entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Ya en septiembre de 2023, disidentes de las FARC atacaron el municipio de Jambaló, en el norte del departamento, donde incluso asaltaron un banco y se enfrentaron a elementos de seguridad pública. Recientemente, el 17 de abril, otro grupo de disidentes de las FARC, conocido como “Carlos Patiño”, atacó la comisaría de Jambaló donde asesinaron a un soldado. Apenas el pasado domingo (12), el Frente Dagoberto Ramos liberó a dos fiscales, un civil y un militar, que se encontraban privados de libertad desde el 20 de abril.

Liberación de fiscales y civiles por parte del grupo disidente de las FARC, Frente Dagoberto Ramos.

Además, durante los primeros días de abril se reportó una emboscada en plena vía Panamericana que dejó un policía muerto y siete heridos. Días después, el 12 de abril, un coche bomba fue detonado cerca de la comisaría del municipio de Miranda. La explosión dejó cuatro personas heridas, así como varias viviendas cercanas al lugar de la detonación, además de provocar desplazamientos por temor a nuevos enfrentamientos.

 
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