El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó ayer una reunión en el Palacio de Hacienda con productores de gas y generadores de electricidad, a quienes se les hizo una propuesta para pagar una deuda que hoy asciende a más de 2.200 millones de dólares. Esta medida busca dotar de estabilidad y previsibilidad al sector, permitiendo a las empresas centrarse en mejorar el servicio a los usuarios.
El funcionario recordó que el gobierno del presidente Javier Milei se hizo cargo de las transacciones impagas de CAMMESA de octubre y noviembre de 2023 con fondos del ejercicio fiscal 2024, correspondientes íntegramente a la administración de Alberto Fernández.
Dado el esfuerzo presupuestario ya realizado para cancelar múltiples deudas del gobierno anterior, Se presentó propuesta para cancelar las transacciones de diciembre de 2023 y enero de 2024 mediante la entrega de títulos públicos por un monto aproximado de US$ 600 millones de valor nominal.
Además, les informaron que, a partir de febrero, se están normalizando los flujos.
Al resolver las deudas generadas por la política energética de la administración anterior y normalizar el flujo, el Gobierno Nacional confía en que el sector pueda enfocarse, con estabilidad y previsibilidad, en mejorar el servicio a los usuarios.
Al encuentro también asistieron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; los asesores del Ministerio de Economía Diego Adriz, Martín Vauthier y Nicole Daltroy y representantes de CAMMESA, YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, Total Energies, CGC, Pan Energy, Pampa Energa, Corporación AES, Central Puerto y Grupo Capsa, entre otros.
La deuda del Gobierno con empresas productoras de gas y generadoras de electricidad se arrastra desde hace tiempo. Algunas empresas presentaron notas ante la Comisión Nacional de Valores en el que aseguran que el Gobierno, a través de la Empresa Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA), les adeuda pagos de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024.
Por su parte, las empresas aseguran que sus operaciones no se ven afectadas por el momento ya que recurrieron a operaciones financieras para asegurar su liquidez y el pago de obligaciones operativas.
Sin embargo, advierten que “si esta situación de default se prolonga en el tiempo o acumula más periodos transaccionales afectará la capacidad de las empresas para pagar sus obligaciones”.
