Tras la presentación del amparo en el Juzgado Federal de Río Gallegos, el alcalde Pablo Grasso (Río Gallegos), anunció el apoyo absoluto que reciben los alcaldes que integran el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas (FOPCA), Marcos Castro (Viedma), Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia) y Martín Pérez (Rio grande).
“En nuestra calidad de Alcaldes de la ciudades del Patagoniaexpresamos un fuerte repudio hacia aumento indiscriminado del tarifas de gas natural arreglado por el Gobierno nacional para generar un daño grave y irreparable para todos los usuarios de Argentinapero en particular de la región patagónica. Esta decisión arbitraria es parte de un proceso de ajuste que impulsa la presidente de la nacion cuyo único objetivo es beneficiar a las corporaciones en detrimento de nuestro pueblo”, señalaron.
Recordaron que los aumentos van desde “360% hasta el 1,000%creando tasas impagables para usuarios residenciales en nuestras ubicaciones. Nuevamente en las audiencias públicas tuvimos que escuchar a los funcionarios justificando sus decisiones en las que el provincias patagónicas son aquellos que más gasolina consumen y que es necesario racionalizar el consumo para generar un ahorro en el arcas públicassin pensar que el uso de gas En nuestros pueblos es imprescindible durante todo el año, pero especialmente en invierno”.
Posteriormente, precisaron que “la Intentos de derogar la Ley N° 27.637 de la Zona Fríala intención de modificar el esquema de subsidios para imponer criterios que sin duda excluirán a casi todos los usuarios de nuestra región, y la eliminación del Fondo de Compensación de Transporte en un contexto económico de recesión y aumento acelerado de la pobreza”.
“En nombre de los vecinos, yoLlamamos al gobierno nacional a revisar su accionarreflexionar sobre su programa de gestión, y acompañar el argentinos en un situación socioeconómica catastrófica e inédito. “Es por eso que asumimos el compromiso conjunto de realizar todas las acciones institucionales, políticas y judiciales necesarias para impedir la ejecución de actos gubernamentales que constituyen un verdadero avasallamiento de los derechos más básicos de los pueblos de la Patagonia”, concluye el comunicado. .
