Se prohíben las ayudas públicas para instalar calderas de gas a partir de 2025 – .

Se prohíben las ayudas públicas para instalar calderas de gas a partir de 2025 – .
Se prohíben las ayudas públicas para instalar calderas de gas a partir de 2025 – .

La renovación de calderas no se puede subvencionar si se cambian por otras de combustible fósil, según la directiva sobre eficiencia energética de los edificios aprobada definitivamente hoy por la Unión Europea

13 de abril de 2024 . Actualizado a las 05:00 am

1 de enero de 2025. Es la fecha a partir de la cual finalizarán las ayudas públicas para renovar las calderas de una vivienda si la que se va a instalar es una caldera de gas natural u otro combustible fósil. Las subvenciones sólo se podrán dar si se cambia a una biomasa, calor o caldera que no utilice combustibles fósiles, según la directiva sobre eficiencia energética de los edificios que acaba de aprobar definitivamente la Unión Europea. Sin embargo, las acciones ya seleccionadas podrán continuar, pero no podrán lanzarse nuevos programas para esa fecha. Y como la casuística de los tipos de calderas es extensa, la Comisión Europea elaborará una guía sobre los modelos elegibles, que debatirá con los Estados, y cuya publicación está prevista para septiembre u octubre.

Sin embargo, en Galicia hace años que no se fomenta la instalación de calderas de gas natural. El último llamado del Inega para cambiar los dispositivos que utilizan ese hidrocarburo fue en 2015.

Mejorar la eficiencia

Ahora, la directiva europea establece obligaciones para los Estados para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir el consumo energético. En concreto, cada Estado debe lograr una reducción del consumo de los edificios del 16% en 2030 respecto al que existía en 2020 y entre un 20 y un 22% en 2035. Al menos el 55% de este ahorro debe conseguirse actuando en los edificios menos eficientes (que representan 43% del total).

El camino hacia la descarbonización, que se pretende alcanzar de aquí a 2050, pasa también por la renovación del 16% de los edificios no residenciales (hospitales, oficinas, comercios, escuelas) de aquí a 2030 y del 26% de aquí a 2033.

No existen obligaciones relativas a los edificios residenciales. Los estados pueden decidir qué herramientas utilizar para lograr este menor consumo. La primera propuesta que hizo la directiva incluía que las viviendas que no alcanzaran un mínimo de eficiencia no podrían venderse ni alquilarse. Pero esto fue eliminado cuando se consideró que no había suficiente apoyo político y social para imponerlo.




 
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