Las agencias gubernamentales están trabajando para permitir que los residentes regresen a sus hogares en los próximos meses, según Rosiris Angulo, directora regional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, una agencia encargada de apoyar a las víctimas del conflicto.
En una entrevista con Al Jazeera, Angulo explicó que los planes para traer a los residentes de San Isidro a casa se han retrasado repetidamente debido a riesgos de seguridad.
Un comité de funcionarios del gobierno y del ejército debe primero verificar que el área sea lo suficientemente segura para que la comunidad regrese, explicó. Esa condición no se cumplió hasta agosto pasado.
Ahora, la unidad está tomando medidas para mejorar las viviendas, el centro de salud y la escuela de la aldea antes de la llegada de los residentes, para garantizar la calidad de vida una vez que regresen.
Los primeros residentes regresarán a San Isidro a finales de este mes.
Pero los expertos en seguridad expresaron su preocupación de que los hombres armados en San Isidro todavía representen un peligro para los civiles. El Clan del Golfo ha ido expulsando gradualmente al ELN de la aldea y ha ejercido su dominio. Los tiroteos han cesado, pero las comunidades civiles aún podrían estar expuestas al reclutamiento de niños, asesinatos, toques de queda y minas terrestres.
“Eso no es paz. Eso es coerción”, dijo Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group, una organización sin fines de lucro centrada en la resolución de conflictos.
A nivel nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer líder izquierdista de Colombia, ha prometido abordar el prolongado conflicto armado de Colombia reconfigurando el programa de seguridad del país y utilizando el diálogo con grupos armados para lograr una paz duradera.
Su plan “Paz Total” ha logrado iniciar conversaciones con el ELN, dos grupos disidentes de las FARC y un puñado de bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión. Petro también ha conseguido un alto el fuego bilateral con el ELN que se espera dure hasta agosto.
En marzo, el Clan del Golfo también expresó un renovado interés en las conversaciones gubernamentales. Si bien previamente había llegado a un acuerdo de alto el fuego con el gobierno en 2022, las negociaciones fracasaron en marzo pasado, después de que Petro acusó al cártel de atacar a agentes de policía y a la infraestructura.
Los expertos indicaron que incorporar al Clan del Golfo a las conversaciones será clave para reducir aún más la violencia. Hasta ahora, el enfoque de “Paz Total” de Petro ha producido resultados mixtos: las cifras de secuestros y extorsiones se dispararon el año pasado, mientras que la tasa de desplazamientos forzados disminuyó.
En 2023, 63.000 colombianos se vieron obligados a abandonar sus hogares, frente a los 83.000 que fueron desplazados en 2022, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), una organización no gubernamental.
Pero los desplazamientos han vuelto a aumentar este año. Según las Naciones Unidas, 7.600 colombianos fueron desplazados en los primeros dos meses de 2024, un aumento del 7,6 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
Entre los miles de desplazados cada año, muchos son negros o indígenas. Según CODHES, el 55 por ciento de los colombianos desplazados el año pasado eran minorías étnicas.
Para estas comunidades, el desplazamiento forzado es especialmente doloroso debido a su conexión con la tierra. Los residentes de San Isidro, por ejemplo, lucharon duramente por ser dueños de sus tierras, superando un legado de esclavitud y discriminación para cuidar el rincón de Colombia que sus antepasados llamaban hogar.
Manyoma, que creció jugando con sus amigos en el río cercano y aprendió a cultivar ñame y yuca a una edad temprana, cree que no tiene otro hogar que San Isidro.
Espera que el pueblo pueda ofrecerle a ella y a su familia una vida mejor: “Tengo fe en que algún día regresaremos a nuestro territorio y que nuestras vidas serán las mismas que antes”.
