El gobierno de las Islas Canarias y el gobierno central continúan en una aparente luna de miel para la galería, pero en los tribunales se intensifica la batalla judicial. El equipo de Fernando Clavijo mantiene su mano despedida después de haber logrado finalmente la reforma legal que obliga a las comunidades autónomas a albergar a miles de niños y adolescentes que están abarrotados en los centros de recepción de las islas. Sin embargo, el gobierno canario no renuncia a otro de sus objetivos: que el estado asume la atención de aproximadamente mil niños que han solicitado asilo, en su mayoría malianos que huyen de la violencia en su país. La batalla legal parecía haberlo establecido en el Supremo el 25 de marzo cuando instó al gobierno central a cuidar a estos niños de inmediato, pero desde Madrid han intentado ganar tiempo. Y las Islas Canarias, según el documento al que el país ha tenido acceso, ha decidido contraataque.
Después del automóvil supremo, el gobierno central inicialmente presentó una apelación. Poco después, lo retiró, alegando que había sido una iniciativa unilateral de los abogados estatales. Luego, anunció, y se comunicó a la corte, la voluntad de colaborar, cumplir con la resolución, crear un grupo de trabajo y escribir un protocolo conjunto. Sin embargo, ninguno de estos anuncios se ha traducido hasta ahora en una sola transferencia o avances tangibles. El pretexto del gobierno central es que sus centros no están preparados para alojar adecuadamente a estos menores. “¿De qué es el uso del estado afirma que cumplirá […]¿Si se limita a que el sistema no está diseñado para alojar menores no acompañados? “, Se recopila en las últimas acusaciones presentadas por el gobierno canario en el caso.
En el documento, el gobierno de las Islas Canarias señala que si el sistema estatal no está preparado, es por “falta de pronóstico”, critica el retraso de los ministerios involucrados y pide que el tribunal ordene al estado que “cumpliera inmediato con el automóvil”.
Como se puede ver en las declaraciones públicas de algunos ministros, el gobierno confía en que las transferencias a la península comenzarán antes de que la resolución judicial se vea obligada a cumplir, lo que permitiría aliviar la situación de hacinamiento que motivó el automóvil supremo. “La reubicación de los migrantes no acompañados por la protección internacional con el resto de menores no acompañados resuelven la situación del hacinamiento de las islas canarias, pero lo hacen en tiempos que no son los de esta medida de precaución; y no resuelve su falta de acceso al sistema nacional de recepción de protección internacional”, afirman los abogados canarios.
-En sus acusaciones, el ejecutivo de Clavijo va más allá del contexto de emergencia actual y defiende que la recepción estatal de niños refugiados debe ser una norma y no una excepción reservada para situaciones de colapso. “Las islas canarias han estado colaborando por encima de lo exigible al asistir a estos menores en soledad durante años de abandono del estado en este asunto”, dice. Esta es una puerta que otras comunidades autónomas ya están aprovechando la recepción de los solicitantes de asilo. Como el país ha verificado, después del automóvil supremo, Cantabria solicitó al Ministerio de Migración que se hiciera cargo del único solicitante de asilo menor que actualmente da la bienvenida: un adolescente de Mali.
Los servicios legales de Canarian defienden que, como el sistema ahora está diseñado, apenas hay diferencias entre la atención que un menor no acompañado recibe asilo y otro que no lo hace. Además, los expertos subrayan la paradoja de que los programas de transición autónoma a la vida adulta suelen ser más completos que el programa estatal de atención de refugiados. Y, en la mayoría de los casos, señalan, el sistema termina brindando mejor atención a un solicitante de asilo adulto, que accede a asistencia legal especializada y apoyo psicológico, que un menor bienvenido en los centros convencionales de las comunidades autónomas.
Este aparente conflicto, que combina competencias y enfoque infantil en asilo, promete un nuevo debate de fondo entre las administraciones. Para el gobierno de las Islas Canarias, el estatus de refugiado debe prevalecer. Para el estado, el menor. En la resolución de marzo, la Corte Suprema dijo que en el asunto hay “una clara concurrencia de competencia” de las administraciones, estatales y regionales, sobre estos menores: en su estado como menores “en una situación obvia de impotencia” no se puede ignorar “su estatuto de protección por parte de la comunidad autónoma”. “Pero cuando la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo se agrega a su estado menor, el estatuto necesariamente debe converger” que atribuye la legislación de asilo, que está a cargo del estado.
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