Cálculo del plazo de prescripción en materia tributaria – .

Cálculo del plazo de prescripción en materia tributaria – .
Cálculo del plazo de prescripción en materia tributaria – .

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), en su artículo 53, estipula los casos que producen una interrupción en el plazo de prescripción; sin embargo, la aplicación de dicho artículo ha generado una gran cantidad de diferencias entre los contribuyentes y la Administración Tributaria.

Para entender la cuestión, es necesario recordar que el plazo de prescripción en materia tributaria, por regla general, es de cuatro años. Es decir, la autoridad fiscal dispondrá de este plazo para verificar que los contribuyentes han declarado y pagado correctamente los impuestos correspondientes a cada caso concreto.

Si transcurrido dicho plazo sin que la Autoridad Tributaria haya iniciado un proceso formal de auditoría, se precluye la facultad legal para practicar la auditoría fiscal y, en consecuencia, no se pueden recaudar los impuestos que no fueron pagados en tiempo y forma.

Sin embargo, cuando se inicia el procedimiento de fiscalización, deben cumplirse las etapas legalmente previstas, lo que conlleva la interrupción del plazo de prescripción; en consecuencia, en el plazo de cuatro años, el plazo comienza a contarse nuevamente para cada una de las etapas procesales determinadas por el artículo 53 del CNPT.

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Sin embargo, en diversas ocasiones la Administración Tributaria ha cometido irregularidades en los procedimientos de fiscalización, siendo necesario declarar la nulidad de los actos emitidos erróneamente y ordenar que se subsanen los defectos para evitar graves perjuicios a los derechos de los contribuyentes.

En tal caso, la nulidad de los actos de la Administración Tributaria debería conllevar también la nulidad de los efectos de la interrupción del plazo de prescripción; desgraciadamente, la Administración Tributaria no comparte esta posición.

Esto ha provocado que, en varios casos concretos, se tengan que realizar reprocesos y que los trámites se vuelvan interminables, consumiendo gran cantidad de tiempo y recursos en perjuicio de los contribuyentes y de la propia Administración Tributaria.

Este tema debe ser objeto de análisis profundo por parte de las autoridades para evitar nuevos juicios y vulneraciones a los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la justicia pronta y completa, tan importantes para el desarrollo de Costa Rica.

Fabio Salas, Socio Fiscal y Legal de Deloitte Costa Rica. (Cortesía de Deloitte)

 
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