El hilo más cruel del Estado venal – .

El hilo más cruel del Estado venal – .
El hilo más cruel del Estado venal – .

Hasta el día de hoy, la Ley Sáenz Peña no se cumple en los dominios de los “gobernadores feudales” privilegiados por la coparticipación federal, quienes son reelegidos o sucedidos dinásticamente por sus cohortes de empleados públicos y clientelas reclutadas en la pobreza urbana o semi rural.

En algunos casos, el autoritarismo sobre los medios de comunicación y los periodistas crea la impresión de que la democracia se reduce a un ritual vacío de resultados preproducidos.

Y como siempre, entre sus diversos actores, sobresalen los comisarios provinciales, dueños de la libertad y de la vida por encima del Estado de derecho y de la libertad. Son también custodios de actividades venales; fuente de ingresos que luego sube a intendentes y funcionarios y desciende a su séquito de vecinos cómplices.

El problema se agrava en las jurisdicciones fronterizas como resultado de procesos históricos que han confluido en las últimas décadas: el esquema de integración regional al que aspiraba el Mercosur, la trata de personas para trabajar en la economía informal rural o en los grandes centros urbanos y la situación geopolítica del país como punto de salida de la cocaína con destino a Europa a través de la Hidrovía. Actividades que siguen derroteros similares y que registran vínculos de solidaridad entre sus eslabones mafiosos.

Nada de esto se observó en las provincias prósperas hasta que la reestructuración económica coronada por la globalización y la revolución tecnológica consolidó una nueva pobreza resultante del desempleo en torno a sus grandes aglomeraciones urbanas. Allí también surgieron clientelas políticas explotadas por sus necesidades de subsistencia.

Más allá de la especificidad de cada territorio, desde entonces se han ido percibiendo actores con cierto aire de familia, sobre todo en las nuevas ocupaciones ilegales y sus posteriores “asentamientos”. En cada nueva comunidad se agrupan diversos grupos que sustituyen la concepción clásica de ciudadanía: desde familias extensas, comunidades étnicas y religiosas, hasta antiguos trabajadores de actividades industriales extintas.

Cada uno de estos agregados produce referentes de los cuales emerge un operador territorial –los dirigentes– que actúan como vínculo con los poderes públicos comunales: desde el comisario hasta el intendente, pasando por concejales o funcionarios diversos que representan los acuerdos entre grupos políticos. Intercambian electorados colectivos previsibles por recursos directos para la subsistencia o recursos indirectos en forma de franquicias para actividades ilegales.

Como en los grandes asentamientos suburbanos, en los pueblos semi rurales de sobrevivientes de las migraciones internas provinciales, este tejido se mantiene intacto hasta hoy. El caso de la desaparición de Loan Peña en la localidad correntina de 9 de Julio, cerca de Goya, despertó la atención de los medios nacionales, dejando al descubierto el entramado.

Una familia extensa reunida por una matriarca octogenaria que convoca a sus hijos, nietos y familiares cercanos a ciertas fiestas patronales en las que converge la fe cristiana con cultos inmemoriales: desde el Pombero hasta las Umbandas, pasando por El Gauchito Gil y San La Muerte.

La anciana matrona ha cedido su papel de mediadora con poder a una de sus hijas, casada y con antecedentes penales por violación, abigeato y tráfico de drogas. Ahí comienza la macabra trama de la banda local: ambas responden ante un funcionario polifacético –desde secretario escolar hasta funcionario municipal– que es socio de un poderoso hacendado, ex miembro de una fuerza militar.

El comisario, que ha sido objeto de varias acusaciones, exhibe la arrogancia de su despotismo combinada con su afición a tomar fotografías de niños en guarderías. Además, exhibe su extraña relación con el párroco de la capilla. El alcalde reconoce también que por su municipio pasan traficantes ilegales: narcotraficantes, contrabandistas de cigarrillos y traficantes de niños y jóvenes.

El cuadro lo completan una justicia provincial sugestivamente incompetente en sus tareas de investigación después de más de medio mes; y cuatro hipótesis surgidas de testimonios falsos y en ocasiones desmentidas por sus propios portavoces.

Desde un accidente de tránsito seguido de un extraño viaje de la dirigente y su marido “autorizados” por el comisario hasta peritajes de sastrería, oportunos cortes de luz y llamadas telefónicas borradas.

Y un balance de seis detenidos que participaron de la reunión familiar a la que acudió el padre con el niño y su hermana, un referente que ha cambiado varias veces su versión de los hechos sobre la desaparición de su sobrino. Luego, la intervención de un juzgado y de fuerzas de seguridad federales desconectadas de las provinciales, un gobernador apurado por cerrar el caso; y una movilización vecinal que pide que “se vayan todos”.

Finalmente, hay una sospecha que se extiende entre expertos y abogados penalistas: un secuestro y una transacción comercial llevada a cabo por el último eslabón de una cadena internacional de tráfico que, dada la edad de Loan, termina en el negocio multimillonario de la pornografía infantil; un ingrediente esencial para la pederastia.

El borde de una gama más amplia de ventas de bebés para su adopción y secuestros de jóvenes destinados a la prostitución o a diversas explotaciones serviles. Un repertorio bien conocido en los márgenes de nuestros grandes suburbios como el ariete más feroz de la administración de la pobreza.

 
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