Cómo se articula el juego de pinza judicial para mantener viva la causa Cuadernos – .

Cómo se articula el juego de pinza judicial para mantener viva la causa Cuadernos – .
Cómo se articula el juego de pinza judicial para mantener viva la causa Cuadernos – .

La Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de per saltum del juez Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) que tiene atribuido el caso Cuadernos. Castelli es uno de los jueces que fue trasladado a ese tribunal por decreto del expresidente Mauricio Macri. Viene reclamando incansablemente su confirmación en ese cargo (y su consecuente intervención en el juicio Cuadernos), incluso ante organismos internacionales. Pero hasta ahora no ha tenido éxito.

El per saltum pretendía frenar el Concurso 479 del Consejo de la Magistratura, que –de todas formas- también está paralizado. Este concurso tiene por objeto cubrir el cargo que actualmente ocupa Castelli. La Corte ya dijo que está allí de manera provisoria, hasta tanto se nombre a un magistrado –con todas las formalidades que establece la Constitución Nacional- para completar definitivamente la composición del tribunal.

El concurso para sustituir a Castelli avanzaba con relativa rapidez: el examen de oposición, al que se presentaron 74 candidatos, se celebró el 4 de octubre de 2023. El jurado presentó el informe con las calificaciones el 18 de diciembre. La consejera Jimena De la Torre, abogada del PRO, participa en la precalificación de los antecedentes de los aspirantes. El plazo para presentar el informe (imprescindible para definir la terna de candidatos) venció el 9 de mayo.

Castelli alemán

Jimena De la Torre fue la presidenta de la Asociación Civil de Bases Republicanas, que entró por la ventana -con anuencia del Juzgado Federal de Comodoro Py- en la causa conocida como Ruta del Dinero, en la que Cristina Kirchner había sido absuelta a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, el mismo que durante la investigación llenó de agujeros la Patagonia buscando dinero enterrado que nunca fue encontrado. La causa fue reabierta y la ex presidenta irá a juicio.

No parece casualidad que el concurso para cubrir una plaza en el tribunal del Caso Cuadernos se haya retrasado.

¿Qué significa este despropósito judicial? Que cuando se realice el juicio oral por las presuntas anotaciones sobre corrupción del chofer Oscar Centeno, Castelli probablemente no estará entre quienes juzgarán a Cristina Fernández de Kirchner. A menos, claro, que se siga demorando el concurso para reemplazarlo. En los tribunales es casi un teorema que “todo kirchnerista que caiga en manos del TOF 7 tiene asegurada una condena”.

Castelli hizo algo más: impugnó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por su doble rol al frente del Consejo de la Magistratura. Ese organismo resolvió en 2020 que los jueces trasladados por decreto de Macri debían cesar en sus cargos y volver a los anteriores. La Corte corrigió parcialmente eso y les permitió continuar hasta que surgieran los reemplazantes naturales de los concursos. Mientras tanto, Rosatti se votó a sí mismo para presidir el Consejo. Entonces la botonera en pleno quedó a disposición para decidir sobre el destino de Castelli. Juez y partido. Ida y vuelta.

El desafío fue rechazado incluso por Ricardo Lorenzetti, cuya distancia con Rosatti no se oculta ni siquiera tras las formalidades de sus jerarquías.

Complejizado en extremo por el fallo judicial que benefició a Angelo Calcaterra, primo de Macri, enviando su capítulo a la Justicia Electoral, el caso Cuadernos sumó en los últimos días otro capítulo polémico.
La Cámara Federal revocó el procesamiento del ex policía Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno y acusado de ser quien adulteró las notas de los manuscritos originales para ayudar a un tal “Marcelo” y perjudicar al empresario energético Armando Loson. En la Causa Cuadernos hay un solo empresario de apellido Marcelo: Mindlin, también amigo de Macri, dedicado también a la energía.

Ese fallo ordenó que se realice una nueva pericia grafológica para determinar si Bacigalupo fue efectivamente el autor de las sobreescrituras. Pero esta vez el análisis deberá realizarse sobre los originales de los cuadernos (hasta ahora se trabajaba sobre fotografías de alta resolución). El juez Pablo Bertuzzi, en su voto, sugirió que se “certifique si, en el marco de la causa, el Juzgado Penal Federal 7° ya ordenó la realización de esa pericia respecto de la documentación original, o si está por realizarse a raíz de un pedido efectuado por una de las partes”. La respuesta es “no”.

Pese a que varias “partes” lo solicitaron, el tribunal oral no sólo no lo ordenó sino que rechazó las peticiones de acceso a los originales de los manuscritos realizadas por otros imputados que presumen que -como Loson- también fueron víctimas de las adulteraciones.

Los cuadernos se encuentran en una caja fuerte en las oficinas del tribunal oral y nadie tiene acceso a ellos.

El juez Mariano Llorens, cuyas posiciones son absolutamente previsibles cuando el nombre de Cristina Kirchner aparece en el expediente, sostuvo que la validez de los cuadernos como prueba debe evaluarse en el juicio oral. Basta de peritajes, nada de análisis de tachaduras, correcciones y anotaciones; a juicio y punto. Que el tribunal oral decida si los cuadernos fueron manipulados, pero con todos los acusados ​​sentados en la sala de espera de la silla eléctrica.

“Parece muy claro el intento de Loson de generar una prueba contundente que hacer valer en su estrategia de defensa al tratar de desacreditar el valor contundente de esos cuadernos. Y ello no puede tener otra utilidad –perjudicial desde ahora- que la de volcar sobre este terreno un debate que debería darse en el otro caso, restándole valor a ese proceso. Ese intento no puede prosperar. El respeto a los principios de preclusión y progresividad impiden que el proceso penal retroceda a etapas ya superadas. Los actos procesales están precluidos cuando se han cumplido observando las formas legales con fundamento en razones de seguridad jurídica y de necesidad de lograr una pronta administración de justicia dentro de lo razonable, evitando que los procesos se prolonguen indefinidamente. Todos los actos procesales en el caso de los Cuadernos siguieron la senda del debido proceso. No hay nada en ellos que permita el retroceso que pretende la parte (Loson)”. Llorens reconoció que los cuadernos son la prueba fundamental. Y los cuadernos fueron adulterados; ergo, la prueba puede ser nula.

Si se siguieran estrictamente los criterios de Llorens, podría darse una situación paradójica: si una persona fuera acusada de homicidio y enviada a juicio, cumpliendo todas las formalidades del proceso, tendría que enfrentarse al debate aunque el muerto apareciera paseando por los juzgados antes de que éste comenzara. El muerto, como los cuadernos adulterados, son la mejor prueba de que el proceso tuvo vicios, aunque se trate de una etapa superada o “precluida”.

En los tribunales, a menudo lo obvio no es suficiente para que prevalezca el sentido común.

 
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