El gobierno nacional oficializó un cambio rotundo en la Justicia Federal de Mendoza: en agosto la nueva Código Procesal Penal Federal. Entre otras cosas, implica que se aplica el sistema “acusatorio” para investigar los delitos y se transfiere gran parte de la facultad investigativa a los fiscales, es decir, al Ministerio Público, los jueces penales serán garantes de los procesos.
La decisión fue comunicada hoy a través del Boletín Oficial. Previamente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona vino a Mendoza y se reunió con los distintos actores del sistema y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, había ratificado el cronograma en su informe al Senado.
El nuevo Código entrará en vigor en Mendoza el 5 de agosto en Mendoza, San Juan y San Luis, es decir, toda la competencia de la Cámara Federal de Mendoza. Incluye los juzgados de Villa Mercedes y San Rafael. “Disponer para la plena entrada en vigor del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO PENAL (HASTA 2019), en el Distrito Federal correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA, a partir de las 00:00 horas del día 5 de agosto de 2024”, dice la resolución. del Ministerio de Justicia.
Este año había entrado en vigor en Santa Fe el nuevo Código. Siempre se priorizó a Mendoza, pero no se había implementado. “Como se señala en la parte expositiva del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188/24, el estancamiento que experimenta la reforma procesal iniciada en 2014 compromete gravemente los intereses del Estado nacional. En general, la vigencia simultánea de regímenes procesales del DOS (2) y diversas normas de distintos códigos del orden federal desencadenan problemas normativos y operativos que perjudican el funcionamiento del sistema de justicia”, dicen los argumentos de la norma.
El principal cambio tiene que ver con la ratificación del sistema acusatorio. Es por eso que los fiscales conducirán las investigaciones penales y tendrán la tarea de acusar, mientras que los jueces garantizarán los procesos y dictarán sentencias. Hasta ahora las funciones de los jueces se han superpuesto.
En los Tribunales Federales habían exigido que la implementación del Código viniera con más recursos, principalmente para el Ministerio Público.
