Piden no penalizar la protesta social como terrorismo — Noticias de los Trabajadores – .

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Más de 70 personalidades han firmado un manifiesto pidiendo una modificación del Código Penal para adaptarlo a la doctrina jurídica europea sobre terrorismo, ante una interpretación tan amplia que pone en peligro el derecho a la protesta.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a numerosas personalidades del ámbito del Derecho Penal y del Trabajo, han firmado un manifiesto en el que expresan su preocupación por la interpretación que ha hecho el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo en el auto de fecha 29 de febrero de 2024, al aplicar de forma más expansiva la reforma del delito de terrorismo del Código Penal de 2015.

Como se recoge en el manifiesto, “si no se evita esta interpretación, la calificación de terrorismo podría acabar aplicándose a los desplazamientos en tractor de los agricultores, a los bloqueos de carreteras de los transportistas organizados y, naturalmente, también a los trabajadores en sus huelgas y manifestaciones, a pesar de que se realicen en el ejercicio de un derecho fundamental”.

El manifiesto llama a los grupos parlamentarios a reformar el artículo 573 del Código Penal para redefinir el delito de terrorismo de acuerdo con la legislación europea.

Los firmantes explican que su intención no es en ningún caso “debilitar los instrumentos materiales o jurídicos necesarios” para hacer frente a las distintas manifestaciones del terrorismo que ha sufrido España tanto en el ámbito local como internacional. “Precisamente por ello creemos que una interpretación extensiva, imprecisa o carente de rigor puede dar lugar a una aplicación que acabe lesionando derechos fundamentales que deben ser protegidos”, afirman.

“En tales acciones de masas, las minorías pueden llegar demasiado lejos con disturbios que alcanzan un cierto nivel de violencia y, en consecuencia, es necesario distinguir, con total precisión, lo que constituye desorden público, agravado o no, de lo que puede calificarse de terrorismo”, explican.

En su opinión, esta distinción no está suficientemente clara en nuestro Código Penal vigente, según las últimas interpretaciones conocidas, por lo que consideran oportuno abordar la reforma del delito de terrorismo en el sentido de que se recoge en la más reciente normativa europea.

El manifiesto está abierto a la incorporación de firmas de cualquier profesional académico directamente relacionado con la disciplina en cuestión y de la Justicia que desee apoyarlo.

Ley mordaza

Esta campaña ha coincidido con la impulsada por la plataforma No somos delito, una plataforma ciudadana integrada por más de 100 organizaciones, activistas, abogados y movimientos sociales, por la derogación de la llamada ley mordazaque ya tiene nueve años.

Esta plataforma también denuncia la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y crimen organizado, dos de los más graves delitos tipificados en el derecho penal, lo que está teniendo graves repercusiones para las personas y colectivos que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información.

El rigor aplicado a las organizaciones sindicales y movimientos de la sociedad civil, recuerda este grupo, entre otras cosas está siendo promovido por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordazajunto con una doble reforma del Código Penal. La plataforma considera que “estas leyes han incrementado las herramientas de censura, obstrucción y control de la sociedad civil por la vía penal y administrativa, y han enquistado la impunidad de la violencia policial en el Estado español”.

Aunque en la actualidad, recuerda la plataforma, la causa más grave que investigan la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo está relacionada con “Tsunami Democràtic”, ahora archivada por defecto procesal, más de medio centenar de personas de cuatro movimientos (Tsunami Democràtic, Futuro Vegetal, colectivo Defensor Palestina 7F y sindicalistas) han sido contabilizadas acusadas de delitos de terrorismo, organización o grupo criminal.

“Investigar un movimiento social o político por terrorismo u organización criminal con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política es una acción que restringe el espacio de la sociedad civil, no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democráticos y el Estado de derecho”, señalan.

Asimismo, el Código Penal español va en contra de los estándares internacionales que definen y restringen cuándo un acto puede ser considerado terrorista; circunstancias que no se dan en las causas abiertas contra los citados movimientos, argumenta No somos crimen.

Editor en jefe de Noticias de los trabajadores

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