La noticia del día – .

Tome cualquier medio de comunicación de cualquier día, ya sea escrito, hablado o visual; revise las noticias que el medio recoge. Incluso basta con mirar los titulares, sin que sea estrictamente necesario leer el texto completo de la noticia. Cada noticia. Estoy seguro de que les llegará la misma impresión que a mí: la de que la mayor parte de las noticias de actualidad tienen que ver con asuntos que se dirimen en los Juzgados y Tribunales de Justicia, o que simplemente afectan a la Administración de Justicia. Mucho más que en la actividad legislativa, e incluso en la propia acción gubernamental, la información sobre la actualidad está ahí, en la crónica diaria de las decisiones judiciales y en las reacciones que generan, de un signo a otro. Como si lo más llamativo de la política se desarrollara en los Tribunales, más que en el propio Parlamento, o en la sede del Consejo de Ministros. Como si la política hubiera cedido el protagonismo de la vida pública a ese espacio donde se mezclan sentencias, fallos, declaraciones de imputados y testigos, informes, etc.

Creo haber oído en alguna parte que, en la tradición de los periódicos más tradicionales, a los periodistas noveles se les encomendaba la tarea de informar sobre acontecimientos y causas judiciales, lo que se consideraba una función un tanto secundaria y para principiantes. Aparecían allí donde ocurría un accidente, un crimen, una desgracia; acudían a los juicios públicos donde se conocían homicidios, asesinatos, violaciones o fraudes; y de esta manera ganaban experiencia y méritos. Pero las cosas han cambiado radicalmente: hoy, estas secciones informativas constituyen un material altamente cualificado por su relevancia. Son la esencia de la política, e incluso de la vida social, por encima de todas las demás, y su seguimiento y análisis son aplicados a diario por los más conspicuos comentaristas de la actualidad, otorgándoles una importancia sobresaliente.

¿Es bueno que así sea? ¿Es bueno que la prensa judicial haya suplantado a la política? Evidentemente no, y más aún cuando se percibe que el fenómeno de la polarización y el alineamiento ha penetrado en buena parte del aparato judicial con igual o mayor impacto que el que ha tenido desde hace tiempo en la propia vida política del país.

Basta un rápido vistazo a las noticias más importantes de los últimos días, pues hubo de todo. Para empezar, un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aplicando el actual modelo de designación parlamentaria; un paso doblemente positivo, porque, junto a la composición del Consejo, se incluyó también un Anexo, que los dos grupos firmantes se comprometen a tramitar y apoyar de forma conjunta, en el que se modifican tanto el sistema de elección de cara al futuro como la forma de acceder a los puestos de más alto rango de la carrera judicial. Una buena noticia, sin duda. Para los que pensamos, y seguramente seamos mayoría, que la estabilidad y la cohesión de un país también se fortalecen si los partidos que tienen posibilidades de gobernarlo comparten algunas cosas, que pueden ser pocas, pero fundamentales, el acuerdo es una buena noticia, aunque haya tardado mucho y aunque la complicidad inducida sea mínima y efímera. Siempre se ha dicho que, a menudo, el valor de un acuerdo se aprecia observando quién está en contra, y este es un buen ejemplo de ello. Y hay que esperar que, recorrido el camino del acuerdo, podamos volver a pasar a otros extremos (pienso, como asunto inmediato, en todo lo relacionado con las migraciones, el control, el tratamiento de los menores, etc., o con la financiación autonómica, tan necesitada de rigor, de actualización y de reglas claras de equidad y de justicia distribuida, que tengan en cuenta la diversidad objetiva y eviten los privilegios).

Pero una vez alcanzado este acuerdo, que inmediatamente suscitó dudas sobre su alcance y su puesta en práctica, lo que he mencionado antes, el enfrentamiento centrado en asuntos de dimensión judicial, como escenario principal del debate político, volvió a manifestarse con toda su crudeza y con particular belicosidad. La lista sería interminable y abarca cuestiones tan diversas como el papel del Fiscal General del Estado en cuestiones sensibles, o el procedimiento abierto a propósito de la actividad de la esposa del Presidente del Gobierno, que considero no penalmente reprochable, pero sí rayano en la imprudencia en algunos casos, o las nuevas revelaciones sobre los efectos colaterales del conocido caso Koldo. La palma, por supuesto, se la llevan los dos asuntos más llamativos del momento; es decir, la aceptación por el Tribunal Constitucional de los recursos de amparo presentados por los condenados por los famosos ERE en la Junta de Andalucía, revocando sus condenas por prevaricación y malversación, y la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la recientemente aprobada amnistía a los delitos de malversación por los que fueron condenados varios dirigentes catalanes, incluido el expresidente Puigdemont, con motivo de la celebración de aquel referéndum ilegal en el contexto del ‘procès’.

Dos cuestiones resueltas con interpretaciones jurídicas, que, como tales, admiten discusión, e incluso desacuerdo, lo que es muy normal en Derecho. El Tribunal Constitucional ha entendido que enviar un Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes Generales, para su debate y aprobación, no es un hecho delictivo en sí mismo, sin perjuicio de que, si se considera que la Ley aprobada incurre en inconstitucionalidad, deba recurrirse en este ámbito; y, así, ha excluido la prevaricación y el peculado, sin perjuicio de que en la incorrecta aplicación de una Ley aprobada, en este caso la de presupuestos, puedan cometerse estos u otros delitos. El Tribunal Supremo, por su parte, ha declarado que la amnistía no ampara el delito de peculado, porque se da el caso de que la propia Ley de Amnistía lo excluía cuando hubiera habido “intención de enriquecerse”; El Tribunal que ha dictado sentencia entiende que el enriquecimiento derivado del desfalco puede conseguirse de dos formas: obteniendo ingresos de los fondos malversados ​​o evitando un gasto con cargo al patrimonio personal, que es lo que entiende que ha ocurrido ya que los condenados cubrieron con dinero público lo que hubiera sido una contribución personal a los fines del juicio, como hicieron otras personas. Todas estas interpretaciones son discutibles, las segundas más que las primeras, creo; interpretaciones que son también, en gran medida, previsibles y evitables si las sentencias condenatorias de los ERES y la redacción de la Ley de Amnistía hubieran sido más depuradas. Que cada uno asuma, por tanto, su parte en el resultado final, ya sea en el ámbito judicial o en el político.

Porque lo que en definitiva resulta inaceptable es evaluar las decisiones judiciales, aquellas dos mencionadas en particular, alternativamente y respectivamente como ejemplo de independencia o de servidumbre, de rigor jurídico o de mala intención, con base en la ventaja política que el fallo pueda proporcionar a los intereses políticos de uno u otro, o con base en el discurso que deba desarrollarse en cada caso.

 
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