El Gobierno deja de lado los pactos de Estado en sus Presupuestos más difíciles

Domingo 7 de julio de 2024, 00:04

“Un político debe ser capaz de predecir lo que ocurrirá mañana, el mes que viene y el año que viene, y luego explicar por qué no ha ocurrido como él predijo”, dijo Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 –durante la Segunda Guerra Mundial– y de nuevo de 1951 a 1955. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado es algo parecido: se fijan objetivos, se hacen previsiones de ingresos y gastos, de la evolución de las principales magnitudes económicas, como el PIB o el empleo. Y luego, se explica –o no– por qué no ha ocurrido exactamente como ocurrió.

En cualquier caso, los Presupuestos Generales son la principal herramienta de política económica de un Gobierno. Por ello, no es baladí que tenga que gobernar con presupuestos prorrogados. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no logra aprobar los presupuestos para 2025, los de 2023 se aplicarían por tercer año (los de este año fueron retirados del Congreso por falta de apoyos). Y los de 2023 se elaboraron en 2022, en “un contexto económico completamente diferente al actual”, señala Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Actualmente estamos en un proceso de desglobalización y de irrupción de la inteligencia artificial, que requieren inversiones diferentes. “La falta de adaptación del principal elemento de la política económica al nuevo contexto es un problema”, subraya Torres. Al mismo tiempo, es imprescindible sacar adelante las reformas que faltan para seguir recibiendo fondos europeos; y, sin presupuestos, su implementación se vuelve mucho más complicada. Los únicos rubros que no se verían afectados por una ampliación presupuestaria son el gasto en pensiones, cuya revalorización conforme a la inflación está fijada por ley, el pago de intereses de la deuda pública y los salarios de los funcionarios públicos.

Aunque el Gobierno está ahora mismo lejos de contar con los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos para 2025, las negociaciones no han hecho más que empezar. Pero el pistoletazo de salida se ha dado con la Orden Ministerial de Hacienda que fija los criterios y objetivos para 2025. Este lunes, los departamentos ministeriales tendrán que presentar sus peticiones al ministerio que dirige María Jesús Montero. Hacienda afirma que los principales criterios y objetivos de los presupuestos están fijados en esta Orden Ministerial que se publicó a finales de junio. Según ella, el Gobierno ha renunciado a alcanzar Pactos de Estado en el área económica.

Tras el acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se podría pensar que quedaba abierta la vía a nuevos pactos. Sin embargo, en esta posición adoptada por el Ministerio de Hacienda respecto al presupuesto de 2025 no hay ninguna alusión a ello. No hay ambición de pactos para estos presupuestos como sí la hubo en el frustrado proyecto de 2024, donde se hablaba de “impulsar la firma de un gran pacto de rentas para la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios”. Es cierto que la inflación ya no apremia como antes y la negociación colectiva prevé un acuerdo sobre la evolución salarial. Pero hace siete meses el Gobierno pretendía implicarse directamente en ese pacto y ahora ha decidido callar, cuando el Convenio Colectivo vigente expira precisamente en 2025. Quizá esto se explique por el mayor cambio introducido en escena: la tensa relación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo con la patronal.

Pero si no se trata de un pacto sobre la renta, el Gobierno podría haberse marcado como objetivo alcanzar un acuerdo sobre la vivienda, el problema más acuciante, donde todos los expertos reclaman un Pacto de Estado. El difícil acceso a la vivienda “es y será una de las principales restricciones al crecimiento económico, a la emancipación de los jóvenes y a la natalidad”, advierte Torres.

Normas fiscales

Por otra parte, estos presupuestos deberán aplicar las nuevas reglas fiscales europeas, lo que exigirá una serie de ajustes más o menos suaves. A partir del año que viene, habrá que reducir la deuda pública al menos un punto porcentual al año y mantener el déficit público por debajo del 3%. En los últimos años, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y la inflación han permitido reducir la ratio deuda pública/PIB sin esfuerzo.

A partir de ahora ya no se esperan altas tasas de inflación y el crecimiento del PIB se desacelerará, por lo que los Presupuestos deberán colaborar. Aunque la regla de gasto se negociará con Bruselas a partir de septiembre, se estima que podría estar en torno al 2,6%, que sería el incremento del gasto del Estado (sin incluir el pago de intereses de la deuda ni los ingresos no estructurales).

Debilidades presupuestarias

Los Presupuestos son el timón que marca el rumbo de la política económica y como tal deben ser sólidos y fiables. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha destacado la “debilidad” del proyecto de Presupuestos Generales del Estado como instrumento de política fiscal y económica, así como “para la rendición de cuentas y el control”. La AIReF exige al Gobierno que presente escenarios presupuestarios plurianuales para que se puedan analizar los efectos sobre la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas de las decisiones que se adopten y que vayan más allá del año (por ejemplo en la mayoría de las medidas fiscales). Sin embargo, los presupuestos de 2023 no incluían información sobre la posible prórroga de las medidas para paliar la crisis energética y la guerra en Ucrania y, dado el importante impacto sobre las finanzas públicas, se “desvirtuaron” como instrumento de política económica y de supervisión y control.

Además, la AIReF alerta de que la información facilitada por Hacienda sobre los riesgos fiscales (derivados de sentencias judiciales o de la ejecución de avales, por ejemplo) es “deficiente”. También critica que la comparación de los presupuestos con el año anterior sea limitada porque no se realiza con la previsión de ejecución del gasto sino con los créditos iniciales y no se da información sobre las modificaciones presupuestarias que se han producido durante el ejercicio.

El director de Coyuntura Económica de Funcas aboga por cambiar el método presupuestario, para que “no se base solo en cuánto se gasta o cuánto se gana, sino en si con ese gasto se cumplen los objetivos”. Por ejemplo, que el gasto en políticas activas de empleo se vincule a un objetivo de reinserción laboral de parados; o que el gasto en formación universitaria se vincule a la reducción de la tasa de paro entre los titulados universitarios. “El presupuesto debe ser un elemento de mejora de la eficacia de la acción pública, para incentivar los programas o instituciones que funcionan mejor y, por tanto, gastan mejor”, explica Torres. Así funciona, por ejemplo, en Suecia.

La AIReF critica también que los objetivos no se definan, en general, en términos de resultados o de impacto final. La presupuestación debería basarse en resultados y las asignaciones presupuestarias a los centros de gasto deberían modularse en función del grado de cumplimiento de los objetivos de los años anteriores. Y, por supuesto, esta evaluación debería ser pública, concluye la AIReF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Suscríbete durante 3 meses por sólo 5€

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Conoce los precios del festival de cometas y globos aerostáticos en Teotihuacán en julio – .
NEXT Se celebra la ceremonia de quilla y moneda para el primer barco de Four Seasons Yachts – .