Bruselas insiste ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en prohibir la pesca de fondo sin datos científicos – .

Bruselas insiste ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en prohibir la pesca de fondo sin datos científicos – .
Bruselas insiste ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en prohibir la pesca de fondo sin datos científicos – .

Comenzó a primera hora de la mañana, a las 9.30, y no terminó hasta media tarde, pasadas las 18.00. La vista oral celebrada ayer en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) fue densa, como se esperaba, pero no duró tanto como el tiempo que lleva esperando justicia el sector pesquero español, con su actividad paralizada en 87 zonas del Atlántico Norte a consecuencia de la Reglamento 2022/1614 que entró en vigor el 9 de octubre de 2022. Más de un año y medio después de esta veda a la pesca de fondo –que afectaba por igual a la de arrastre y palangre–, el Gobierno de España y la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) han defendido los dos recursos interpuestos contra la restricción impulsada por Bruselas. Una medida que, como ha denunciado FARO antes y después de su implantación, se ejecutó sin ningún aval científico y sin un informe previo de impacto socioeconómico, aunque con poco rigor en la metodología empleada. Se planteó para 87 zonas con profundidades entre 400 y 800 metros, pero en casi la mitad (41) son inferiores.

Dados los efectos nocivos de la prohibición sobre la industria y el temor de que pueda ir más allá –la revisión del CIEM incluye cinco escenarios de cierre de entre 102 y 115 caladeros–, Representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Cofradía de Pescadores de Lugo se desplazaron esta semana a Luxemburgo para solicitar su cancelación. Así lo aseguraron este jueves en elsala del tribunal, donde cinco jueces interrogaron a todas las partes y donde quedó patente cómo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, las tres máximas instituciones comunitarias asistentes, alinearon sus posiciones para intentar desbaratar las pretensiones presentadas y evitar así que siguieran adelante.

Insistieron en que el veto es necesario y que es para todas las artes de pesca, algo con lo que la OPP-7 no está en absoluto de acuerdo. Entre otras muchas cuestiones, defendió que el palangre, “la técnica más selectiva que existe”, “no tiene impacto en el fondo marino”. “Sabíamos que sería un proceso lento y costoso, en tiempo y dinero, pero consideramos que teníamos que salir a defender nuestra flota porque esta regulación desproporcionada pone contra las cuerdas la viabilidad de las empresas que mantienen una forma de pescar completamente tradicional”, señaló Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela. Presentó su recurso junto a 16 empresas ubicadas en el norte de Galicia y con la Xunta de Galicia como coadyuvanteEl consejero del Mar, Alfonso Villares, también acudió a la vista judicial y calificó la prohibición de la pesca de fondo como una “negligencia regulatoria” por parte de Bruselas que “está afectando a muchas familias gallegas”.

“Los jueces lo han entendido”

El ministro del Mar, Alfonso Villares, también acudió a la sesión judicial

El sector espera que la La sentencia del TJUE se emitirá antes de 2025 y se muestra esperanzado: “Creemos que los jueces han entendido correctamente las pruebas presentadas”. Esta perspectiva es la misma que la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ayer compareció en rueda de prensa y habló sobre la vista oral, que fue “muy importante”. “Entendíamos que la Comisión Europea se había excedido en sus competencias”, dijo al respecto. El argumento presentado por España, representada por la asesoría jurídica del Estado, hizo hincapié en que no hay elementos para determinar que los artes fijos puedan causar “un efecto adverso significativo” sobre los ecosistemas marinos vulnerables.

Por otra parte, el MAPA insistió en que el brazo ejecutivo de los Veintisiete no realizó ningún análisis socioeconómico del impacto de la medida “para ponderar la consecución de los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) de practicar una actividad pesquera sostenible y generar beneficios económicos y sociales y productos alimentarios a precios razonables”. Y que vulneró “el principio de proporcionalidad”. Argumentó, además, que no tomó la decisión “sobre la base del mejor conocimiento científico disponible”, llevando a cabo “una prohibición indiscriminada de las artes de pesca de fondo sin distinguir entre el impacto de las distintas artes”, y destacó –además de todo lo que recogió este periódico y denunció el sector– la falta de rigor en la metodología empleada ya que, por ejemplo, “incluye áreas de esta lista que no cumplen con la batimetría”.

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Datos, información, beneficios y calidad de la educación superior – .
NEXT la historia de Priscilla Vargas y José Luis Repenning que desata rumores en Farandulandia – .