La Ley de Industria dará a Moncloa el control sobre inversiones estratégicas – .

La Ley de Industria dará a Moncloa el control sobre inversiones estratégicas – .
La Ley de Industria dará a Moncloa el control sobre inversiones estratégicas – .

El Gobierno espera que el nuevo Ley de Industria y Autonomía Estratégicaque sustituirá al artículo de 1992, podrá ser aprobado durante el último trimestre de este año, una vez supere el trámite parlamentario luego de pasar por el Consejo de Ministros.

Todas las fuerzas políticas están trabajando en un marco regulatorio renovado que dé respuesta a los retos actuales de la industria española y que debe contar con el consenso de todos los agentes sociales para que la reindustrialización de España sea una realidad. Entre sus principales objetivos: dotar de seguridad jurídica a todos los agentes del sector industrial.

Entre las novedades que incluye el proyecto de reglamento en trámite se encuentra la creación del Comité de Inversiones Estratégicasque decidirá sobre los proyectos de inversión nacional y extranjera que serán considerados estratégicos para el país. La consideración de estratégicos tiene consecuencias importantes en términos de la capacidad de dicha industria para recibir recursos estratégicos, inversiones tecnológicas y mayor protección frente a la competencia internacional. Este nuevo organismo dependerá, sin embargo, de la Presidencia del Gobierno.

Este Comité, cuya creación no se prevé que genere nuevos costes asociados, es una de las novedades de un texto que moderniza el marco regulatorio actual, adaptándolo a los nuevos tiempos y a la normativa europea, y que la ministra de Industria, Jordi HereuPresentado a los sindicatos el miércoles.

¿En qué consiste el Comité?

Según el informe de análisis de impacto regulatorio, la experiencia adquirida en los últimos años en la gestión de fondos europeos de la Mecanismo de recuperación y resiliencia Ha motivado la “Necesidad de un enfoque global” con una estrategia a nivel Ejecutivo relacionada con la inversión nacional y extranjera en proyectos estratégicos.

Por tanto, la futura ley promueve el nacimiento de Comité de Inversiones Estratégicasdepende de la Presidencia, que definirá y ejecutará la estrategia del Gobierno en este campo.

Su finalidad será diseñar y coordinar el alcance de las actividades asociadas a estos proyectos, incluyendo la promoción de mejoras regulatorias, asegurar la implementación de la política de inversiones en dichas iniciativas, así como su efectiva gestión y apoyo.

En el plazo máximo de seis meses, el Ejecutivo establecerá reglamentariamente la composición y gobierno del Comité.

¿Qué son los proyectos industriales estratégicos?

Entre los principales objetivos del documento se encuentran crear un entorno favorable al desarrollo de iniciativas industriales y de cooperación empresarial, y promover la industrialización y reindustrialización de España, para, en definitiva, recuperar el orgullo de la industria manufacturera, apuntan las mismas fuentes.

En este marco se institucionalizan y regulan los proyectos industriales estratégicos, que deberán cumplir al menos uno de los siguientes criterios: un volumen de inversión significativo, ser empresas que cuenten con una certificación de autonomía estratégica o aportar una solución en un proceso de reindustrialización.

Su declaración permitirá beneficios como la tramitación urgente de los procedimientos administrativos estatales, reduciendo los plazos a la mitad; habilita la concesión de ayudas públicas sin concurso público, así como la tramitación preferente de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

No deben confundirse con los Perte, que la futura normativa reconoce como una medida estructural, no coyuntural, de política industrial y debe enmarcarse en, al menos, un ecosistema estratégico con seguimiento periódico, posibilidad de concesión de ayudas sin concurso público y donde se trabajará en la simplificación de los permisos administrativos.

Atraer inversiones

El proyecto de ley también habla de cómo la necesidad de atraer inversiones y proyectos de gran envergadura en un “mundo competitivo” ha llevado a la Unión Europea, a los países y a las comunidades autónomas españolas a crear el estatus de proyecto estratégico.

De hecho, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y Extremadura, entre otros, ya cuentan con iniciativas de facilitación y aceleración de la inversión, y sus respectivas agencias de promoción.

Por tanto, se requiere de un “apoyo regulatorio” a la gobernanza y funcionamiento de estas iniciativas, tarea que estará a cargo del Comité.

Previo informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá declararse como proyecto de inversión estratégica un proyecto que reúna los criterios de interés público, social y económico.

Para ello, las iniciativas deberán cumplir al menos uno de los siguientes criterios: un volumen de inversión significativo, ser empresas que cuenten con una certificación de autonomía estratégica o aportar una solución en un proceso de reindustrialización.

Esta figura, diferente a la del Perte, permitirá beneficios como la tramitación urgente de procedimientos administrativos estatales, reducir los plazos a la mitad o facilitar el acceso y conexión a la red eléctrica o a cualquier otro tipo de red necesaria para su implantación.

Al mismo tiempo, posibilita la posible concesión de ayudas públicas sin concurso público y el apoyo personalizado a los promotores durante todas las fases de tramitación y ejecución.

Garantizar una mayor autonomía estratégica

El texto, que estará abierto a objeciones hasta el 11 de julio, reconoce al sector industrial como el “gran proveedor y demandante de innovación y tecnología”, que contribuye a fijar población y estructurar el territorio y es “clave” para la autonomía estratégica de los países.

Fuentes del Ministerio destacan la presencia de este último concepto, el de autonomía estratégica, que se incluye en el artículo por primera vez como muestra de las lecciones aprendidas tras los shocks que han afectado a la economía en los últimos años, especialmente desde la pandemia.

Prueba de ello es la Reserva Estratégica basada en las Capacidades de Producción Industrial Nacionales (Recapi), que servirá para asegurar la producción, almacenamiento y suministro de recursos industriales esenciales, y para las actividades que salvaguarden la industria crítica de España.

Al mismo tiempo, promoverá un sistema de certificación de la autonomía estratégica, que tendrá en cuenta la producción de recursos esenciales o estratégicos o la prestación de servicios relevantes en suelo europeo, y que represente al menos el 15% de su volumen de negocio.

También se contabilizarán los recursos similares a los considerados estratégicos que utilicen materiales y proveedores, tecnologías, infraestructuras y cadenas productivas, talento y capacidades en general comparables a los que requiere el recurso o producto categorizado como estratégico o esencial.

La certificación tendrá una vigencia de tres años, transcurridos los cuales las empresas deberán solicitar su renovación.

El órgano rector de Recapi, Cecopie, revisará y, si es necesario, actualizará los criterios cada cinco años para adaptarlos a la evolución tecnológica, económica y de seguridad nacional.

El Recapi materializa así el documento ‘Resilient EU2030’, la hoja de ruta para reforzar la resiliencia y la competitividad de la Unión Europea trazada durante la presidencia española del segundo semestre de 2023.

 
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