El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo (Sucre), desmantelar el “frente de seguridad” que su administración contrató para monitorear y cumplir funciones de seguridad en la ciudad. Este grupo está integrado por militares retirados que recorren las calles de Sincelejo en vehículos motorizados, especialmente en zonas donde la Policía tiene poca presencia.
“El alcalde de Sincelejo debe desmantelar de inmediato este “frente de seguridad” que nos devuelve a épocas obsoletas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus impactos más graves”, afirmó el ministro.
La sombra del paramilitarismo detrás de estos frentes. Es una discusión que se reavivó con la propuesta de José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero de Fedegán y negociador del gobierno con el ELN, quien puso sobre la mesa la creación de un Frente Solidario de Seguridad Ganadera. Esa propuesta fue rechazada por el gobierno, incluso por el propio presidente Gustavo Petro.
En el pasado, los ganaderos tenían fuertes vínculos con el paramilitarismo. Pero las Convivir también se aliaron con bandas criminales y narcotraficantes que tenían presencia en ciudades de todo el país, especialmente en capitales como Cali y Medellín.
¿Qué dice Acuña? En entrevista con Blu Radio, el alcalde señaló que el grupo es contratado para monitorear áreas públicas, especialmente parques, porque la “policía no da abasto”. “Es completamente legal, está establecido en la Constitución que se permite la vigilancia privada”, afirmó.
Acuña aclaró que también hay personas que no pertenecen a la fuerza pública, pero “tienen el perfil adecuado” para realizar labores de vigilancia. “Me parece que lo que dijo el ministro sobre el paramilitarismo es más una opinión que una declaración del gobierno”, afirmó.
Como información adicional:
Yahir Acuña es investigado por presuntos vínculos con Bacrim. En el despacho de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hay testimonios claves que señalan a Yahir Acuña de presuntamente aliarse con la banda criminal “Los Rastrojos Costeños” para recibir apoyo político en su campaña.
Por ello, el alcalde es investigado por el presunto delito de concierto para delinquir con grupos armados y presunta parapolítica.
