La Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-302 -2017, se reunió con todos los actores comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones para detener la crisis humanitaria que viven los grupos étnicos que habitan una amplia zona de La Guajira.
Hambre, sed, obras abandonadas, siguen siendo el paisaje que se puede observar cuando la gente visita el territorio peninsular. Cada día se revela duplicidad en la ejecución de obras, especialmente en las de abastecimiento de agua, escuelas, entrega de alimentos, entre otras. En muchas comunidades se han adjudicado contratos millonarios para construir acueductos donde ya se están ejecutando proyectos similares. Al final, ninguno de los proyectos se ha completado.
Durante la reunión, todas las entidades argumentaron ante la Corte que han venido cumpliendo a cabalidad con la inversión en las zonas más vulnerables. Lo extraño es que los resultados no se ven. No está claro cómo se invirtió el dinero en las famosas ‘ollas’ comunitarias. Poco se sabe dónde se ubican los jagüeyes construidos en Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Según un informe que se conoció en las últimas semanas, sólo en la capital de La Guajira se culminaron los 50 contratos entregados, el problema es que no se sabe dónde se encuentran.
No podemos ignorar los esfuerzos que se han hecho en el caso del Gobierno, donde la empresa Esepgua ha implementado soluciones de agua potable y abastece continuamente a comunidades que requieren un poco de agua para mitigar la sed que experimentan a diario. Los abruma.
Estamos a medio camino de cumplir algunas de las obligaciones que tenemos con las comunidades Wayuú, la etnia más afectada por el abandono estatal. Aún quedan importantes desafíos que deben abordarse para garantizar que los derechos de la comunidad Wayúu sean plenamente respetados y protegidos.
El mayor problema hasta ahora ha sido la atomización de los recursos. Cada entidad comprometida ha querido trabajar por su cuenta, especialmente las del orden nacional, que vienen al territorio, no se comunican con las entidades territoriales. Esto sucedió muchas veces, con la Ungrd, cuyos funcionarios llegaron, casi nunca consultaron a los gobiernos territoriales, hasta que al final se descubrió el ‘agujero’ de la corrupción que ‘devoró’ recursos millonarios, sin que ello se reflejara en el bienestar de las comunidades, objeto de la Sentencia.
Los programas de alimentación escolar y apoyo nutricional se ejecutan por separado. Por un lado, el Gobierno y los municipios, y por el otro lo ejecuta el Icbf. Es el mismo objetivo, pero cada uno lo hace a su estilo. Se anuncian mejoras en las estructuras médicas, las brigadas de salud se realizan de forma aislada.
Esperamos que Mesepp cumpla a cabalidad con su objetivo de monitorear todo lo que se realice, para que redunde en el bienestar de las personas afectadas por el abandono ancestral.
