“Pasemos a la acción y discutamos la reforma” – .

“Pasemos a la acción y discutamos la reforma” – .
“Pasemos a la acción y discutamos la reforma” – .

La diputada Camila Musante (ind-PPD) reiteró la urgencia de tramitar el proyecto que reforma el mecanismo de designación de ministros y jueces de los máximos tribunales del país, tras las últimas filtraciones de conversaciones vinculadas a nombramientos en el Poder Judicial.

El proyecto de reforma constitucional pretende cambiar el actual sistema de nombramientos, creando un Consejo de Justicia, órgano que está integrado por miembros del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y profesores de Derecho.

en conversación con El contadorel parlamentario ahondó en la necesidad de abrir el debate en el Congreso Nacional a la luz de los antecedentes e hizo una invitación al ministro de Justicia, Luis Cordero, para “dar urgencia legislativa a este proyecto”.

“Estoy un poco en desacuerdo con esta instalación con la que todos estamos muy de acuerdo. Parece que esto es de sentido común, pero nadie lo pone sobre la mesa. Dejemos la opinión como una forma de hacer política, (…) estamos aquí para realizar nuestro trabajo parlamentario”, afirmó.

-¿En qué consiste este proyecto y cuáles son las modificaciones que propone?
-Soy autor de una reforma constitucional que modifica el actual sistema de designación de jueces y ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, mediante la creación de un Consejo de la Judicatura. Sería un organismo constitucionalmente autónomo, integrado por miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo, miembros del Poder Judicial y destacados académicos de las facultades de derecho. Esta integración se daría a través de la alta dirección pública para garantizar estándares de probidad y transparencia.

Otro elemento que caracteriza al Consejo de la Judicatura es este contrapeso de los distintos poderes del Estado. Porque hoy, por ejemplo, en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, el Senado elabora una terna que termina definiendo al Presidente de la República. Entonces ahí tenemos un alto nivel de influencia política, sin un contrapeso de otro poder del Estado que pueda advertir de los intereses que pueden esconderse detrás. Incluso decidí agregar un elemento externo a los poderes del Estado, como son los destacados académicos de las facultades de derecho de nuestro país.

Además, hay otro efecto positivo con este proyecto y es la necesidad de separar dos funciones del Poder Judicial. Hay una función que se llama jurisdiccional, es lo que conocemos como administración de justicia, conocer de un caso, pronunciarse sobre él, hasta la sentencia definitiva, y que tiene que ubicarse absolutamente en los jueces y ministros. Sin embargo, las funciones administrativas asociadas al Poder Judicial, por ejemplo, nombrar ministros de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, lo que tiene que ver con la carrera de la academia judicial, esa selección sobre quiénes mañana serán magistrados o magistradas, entre otras funciones, deben estar separadas. De esta manera generamos independencia en la toma de decisiones, es decir, quienes están decidiendo quiénes van a ser los jueces y ministros en Chile no son los que están dictaminando o dictando sentencia en un caso de corrupción, por ejemplo.

-Se ha establecido la idea de que hay consenso sobre la necesidad de modificar el sistema de nombramientos. ¿Cómo ha sido la acogida de su proyecto por parte del Tribunal Supremo y del Colegio de Magistrados? ¿Qué comentarios ha recibido sobre algo en lo que todos parecen estar de acuerdo pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida?
-Estoy un poco en desacuerdo con esta instalación, en la que estamos todos muy de acuerdo. Parece que esto es algo de sentido común, al ministro Cordero le parece bien, a los diputados de oposición le parece bien, al presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, le parece bien, pero nadie lo pone sobre la mesa. Dejemos la opinión como una forma de hacer política, porque los diputados no estamos para opinar ni dar declaraciones a la prensa, estamos para realizar nuestro trabajo parlamentario.

Entonces, si hemos identificado un conflicto que ocurre dentro del nombramiento de jueces, que abre espacio para la corrupción, reformemos la forma en que se nombra a los ministros hoy. Ahí está el proyecto, en eso me acompañaron unos diputados, la propia presidenta de la Cámara de Diputados firmó el proyecto, el diputado Cariola, tuvimos una reunión con el Ministro Cordero, le pedí al diputado Calisto que lo pusiera en la mesa de la comisión de Constitución, y ya pasó la prueba de admisibilidad.

En eso tengo una crítica, porque creo que hay muchas declaraciones grandilocuentes, buenos spots para la prensa, pero pasemos a la acción y discutamos la reforma constitucional. Todavía no se ha puesto sobre la mesa, por lo tanto, mientras estos consensos no signifiquen que tengamos un debate serio y reformemos el Poder Judicial para poder sanearlo de una vez por todas, realmente me voy a quedar con la impresión de que se trata sólo de declaraciones a la prensa.

-El ministro Luis Cordero ha señalado que es necesario revisar todo el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, no sólo lo que atañe al tema de la Corte Suprema, ¿podría ser esta la puerta para iniciar un debate más estructural?
-Por supuesto. Dentro de las conversaciones que hemos tenido con el Ministro Cordero y el apoyo que le dio a este proyecto cuando nos reunimos en la presidencia de la Cámara de Diputados con los patrocinadores de esta reforma constitucional, es porque tiene una clara intención de ir más allá. Comprende perfectamente la necesidad de reformar el poder judicial, comprende que aquí no podemos limitarnos simplemente al nombramiento de los ministros y que este consejo debería tener muchas otras competencias.

Esta es la puerta de entrada. Ahora yo invitaría al Ministro Cordero, ya que le parece bien y parece que estamos en la misma línea, a que le ponga urgencia legislativa a un proyecto como este, para que abramos la discusión y empecemos a debatir no sólo el nombramiento de los jueces, sino también sobre lo que podría hacer un Consejo de la Magistratura, cómo empezamos a generar esa independencia. Tenemos que establecer estándares que garanticen esa imparcialidad.

-Otra cosa que ha señalado el ministro de Justicia es que por mucho que logremos modificar el sistema de nombramientos, si se mantienen prácticas de comunicación inadecuadas para promocionar a determinados candidatos, todavía tenemos un problema.
-Estoy muy de acuerdo, y aquí también creo que el ministro da en el clavo con una pregunta fundamental a la hora de legislar: ¿qué es primero, el cambio cultural o la norma?

Los voy a llevar a otro asunto que tiene que ver con el uso de bolsas plásticas de un solo uso. Nadie en Chile tenía la costumbre de llevar una bolsa de supermercado para hacer la compra, eso no existía, no formaba parte de nuestra idiosincrasia, ni de nuestra cultura como consumidores. Pero estaba establecido por ley que iban a dejar de entregarse en los supermercados y, por tanto, no nos quedó más remedio que acostumbrarnos.

Por ejemplo, si se establecen sanciones de inhabilitación para ministros que incurran en estas prácticas de conversación que tienen como objetivo generar tráfico de influencias o impacto en el nombramiento, ¿continuaría esta práctica cultural del Poder Judicial? Tengo mis serias dudas. Entonces en esto no dejo de creer en el poder de la ley y de la norma, porque tenemos muchos precedentes en nuestro país de que no hay cultura sobre un determinado tema, pero cuando se legisla sobre ello, incluso se establecen prohibiciones o sanciones. , No queda más remedio que cambiar la cultura.

-¿Qué expectativas tiene del pleno extraordinario del Tribunal Supremo sobre este tema? ¿Esperarías algún tipo de señal más fuerte?
-Espero una señal que no sólo sea potente, sino también señales inequívocas. Con esto quiero decir que el Poder Judicial respalda una reforma como la que hemos presentado, para acabar de una vez por todas con estas prácticas culturales de influir en el nombramiento de jueces y ministros. Y que también den una señal al país de que responden a intereses ciudadanos cuando les toca pronunciarse sobre un caso, y no de que están respondiendo a quienes los designaron al dictar sentencia definitiva.

Quiero resaltar aquí el trabajo de la Asociación Nacional de Magistrados, porque ellos se comunicaron conmigo y con mi equipo cuando presentamos este proyecto de reforma constitucional, diciendo que era sumamente necesario avanzar en una iniciativa de estas características. Hay muchos jueces que quieren que el trabajo judicial se realice con absoluta independencia, pero lamentablemente hemos visto que los nombramientos en las cumbres, incluida la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, no permiten avanzar dentro de la estructura interna del Poder Judicial.

Por eso, hoy la Corte Suprema tiene la responsabilidad de darle una señal clara e inequívoca al país de que está dispuesto a ejercer la justicia a ciegas, que no responde a un llamado ni a un nombramiento elegido a dedo.

 
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