Han pasado dos meses desde aquella mañana en que el observador ciudadano Jaime Vásquez fue asesinado a sangre fría en una panadería del centro de Cúcuta. Su verdugo fue capturado días después, pero aún no se sabe quién dio el para silenciar la voz del abogado y periodista de 54 años.
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Ante la escalada de violencia en Cúcuta (más de 180 homicidios en lo que va del año), y la falta de garantías y respuestas de las autoridades, líderes sociales, defensores de derechos humanos y algunos periodistas, han optado por ser más cautos a la hora de denunciar o cometer injusticias. visible.
Insisten en que la muerte de Vásquez fue un “mensaje miserable” e intimidante que los obliga a tomar más precauciones antes de exponer casos de corrupción y fallas en la contratación pública.
“Este sentimiento de desprotección hacia la prensa tiene como consecuencia la autocensura y vulnera los derechos a la libertad de prensa y al acceso a la información que deben tener los ciudadanos sobre temas de interés y actualidad del departamento”, dijo Flip al respecto. a la muerte de Vásquez.
El abogado y docente Yefri Torrado explicó que en Cúcuta Cada día los líderes comunales son amenazados, a pesar de que Fedecomunal ha sido reconocido como sujeto de reparación colectiva. La verdad es que no hay garantías de no repetición.
Jaime Vásquez
Foto:archivo privado
“El asesinato de Jaime Vázquez dejó un mensaje de violencia, no sólo física sobre su humanidad, sino también simbólica sobre el ejercicio del control ciudadano y la defensa de los derechos humanos. Y si bien su muerte intensificó la necesidad de protección de muchos líderes, no es un fenómeno nuevo, dado que durante décadas los líderes sociales han sido blanco de homicidios, desapariciones, amenazas y ataques”, afirmó Torrado.
La Corte Constitucional ha determinado que los líderes sociales son sujetos de especial protección constitucional, porque han sido objeto de una estrategia de ataque sistemática, estructural y generalizada.
Para el líder comunitario Édgar Epalza, el asesinato de Vásquez llenó de desesperación a los concejales y presidentes de juntas de acción comunal quienes admiraron la vehemencia y Las críticas de Jaime ante cualquier irregularidad.
“Su papel despertó enemistades. Jaime habló en varias ocasiones de fraudes cometidos por empresas públicas y también molestó a delincuentes comunes que tenían el control de las baterías públicas del anillo occidental”, dijo Epalza.
Al menos 10 líderes de la comuna 8 de Cúcuta han sido amenazados recientemente a través de panfletos, mensajes o llamadas telefónicas. En total, son más de 36 líderes en riesgo en la ciudad.
Carlos Arturo Ramos, director administrativo de Corporeddehindicó que las investigaciones sobre crímenes contra líderes sociales avanzan lentamente o se limitan a la detención de los autores materiales; rara vez se identifica a los perpetradores o autores intelectuales.
“Nadie en las instituciones es responsable de lo que les pase a los líderes sociales de esta región, estamos totalmente expuestos y solos. El camino de los valientes dirigentes y periodistas que denuncian es un camino que han trazado por pura convicción y amor a la ciudad y al país”, afirmó el defensor.
las quejas
En las últimas transmisiones que Jaime Vásquez realizó a través de redes sociales mencionó presuntos casos de corrupción que involucran al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y al representante a la Cámara, Wilmer Carrillo.
El último escándalo del que habló Vásquez versó sobre supuestas irregularidades en el cobro del impuesto vehicular. Al parecer, en 2018, Villamizar habría otorgado poderes a Ifinorte para realizar unun joint venture con Ap System, empresa que en cuatro años ha recaudado más de 18.000 millones de pesos.
Villamizar es miembro del directorio de Ap System, empresa que había ordenado el embargo de vehículos con placas extranjeras, violando así la Ley 1386 de 2010, que prohíbe a las entidades territoriales delegar la administración de impuestos a personas físicas.
El lunes 15 de abril, un día después de la muerte del observador, la Secretaría de Hacienda departamental anunció que desde el 8 de abril habían iniciado embargos sobre más de 15.000 cuentas. Sobre este tema, ningún ente de control ha abierto procesos o investigaciones.
El gobernador Villamizar Laguado tiene alrededor de 24 investigaciones activas, cuatro ante la Corte Suprema de Justicia por delitos como corrupción electoral, peculado por apropiación y prevaricación por acción.
Cúcuta.
Foto:Cortesía: Corporación
Alias ’El cojo’ no aceptó cargos
El caso Vásquez ha despertado el rechazo y la atención de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, y del presidente Gustavo Petroquien ordenó a la Fiscalía realizar una “investigación profunda”.
Una semana después del homicidio, la Policía y la Fiscalía lograron capturar a Alejandro José Arias, alias El Cojo, quien sería el presunto homicida. Arias fue trasladado de Bucaramanga a Cúcuta para ser presentado ante un juez, quien le impuso prisión preventiva en el penal La Picota de Bogotá.
“Mientras el acusado insista en su inocencia y no acepte los cargos, todo irá muy lento. Lo mejor sería que se llegara a un acuerdo previo con la Fiscalía y se pudiera dictar sentencia, pero todo parece indicar que no será así. Lo más importante del caso es que se protege la vida de Arias y él brinda detalles de los autores intelectuales”, dijo una fuente judicial a EL TIEMPO.
Por ahora, los cucuteños coinciden en que la ciudad enfrenta un “estado de indefensión” y un aparente abandono por parte de los Gobierno nacional. La confianza en las entidades territoriales está cada vez más fracturada y muchos temen que, como en el periodo del exalcalde Ramiro Suárez, actores ilegales hayan permeado la clase política.
CUCUTA
