La Agencia Provincial de la Energíaorganismo dependiente de la Diputación de Córdoba, ha concedido desde el año 2021 ayudas a 66 municipios cordobeses para la instalación de infraestructuras de carga de vehiculos electricoscon el objetivo de contribuir desde la institución provincial a un modelo energético más eficiente y de bajas emisiones.
Estas ayudas vienen a responder a las exigencias de la normativa que obliga a disponer de infraestructura de recarga de este tipo de vehículos, que entró en vigor en el año 2023, pero desde la entidad indican que, conscientes de dicha necesidad, desde unos años antes se empezó a articular una fórmula que facilitara a los ayuntamientos poder dar cumplimiento a la misma. Así, en el año 2021, tras un proceso de conversación con el sector de la automociónse puso en marcha la primera convocatoria de subvenciones «destinada a financiar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de titularidad municipal y de uso público».
En aquel primer momento se destinaron 500.000 euros y se reconoce que los ayuntamientos también hicieron un importante esfuerzo, porque «asumieron la instalación y puesta en marcha de un servicio que (todavía) no tenían obligación de prestar y que, sin embargo, facilitaba al usuario del vehículo eléctrico el desplazamiento en condiciones de seguridad en el territorio de la provincia». De esta manera, ponen énfasis en señalar, «Córdoba se convertía en una de las primeras provincias con una red extendida a lo largo del territorio» de infraestructuras de este tipo.
Regulación de uso
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Así, en la primera convocatoria. se concedieron 64 subvenciones aunque, después, seis entidades locales renunciaron «por la dificultad que implicaba la instalación del equipo y la prestación del servicio». Estas dificultades radican en algunos casos en los problemas a la hora de contar con el abastecimiento de energía en el lugar donde se iban a instalar y en otros casos, en un asunto que sigue pendiente, como es la regulación de los usos. Dicho de otra manera, la fórmula para que el usuario pague por la prestación. Hay pueblos donde el Ayuntamiento ya estudia cómo crear una tasa u ordenanza pública al respecto. En otros lugares, dada la escasa demanda que por ahora existe (hay pocos coches eléctricos todavía), se ha optado por prestar de manera gratuita el servicio hasta que se establezca la regulación tarifaria.
Posteriormente, en el año 2022 se pusieron en marcha cinco nuevos puntos de recarga, después de haber renunciado otros tres, para sumarse seis nuevos municipios en la convocatoria del año 2023. La convocatoria de 2024. se ha publicado recientemente y aún no se ha resuelto.
Además de la ayuda económica, desde la agencia señalan que se ha estado prestando a los ayuntamientos «asistencia técnica y apoyo al objeto de asesorar o facilitar la resolución de las dificultades planteadas, como los problemas en la obtención del punto de suministro o tipo de gestión o regulación del uso, para lo que se elaboró una propuesta de ordenanza que ha servido de base a los municipios».
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En cuanto a los problemas que encuentran los usuarios, la agencia también trabaja con la asociación que existe para localizar los principales inconvenientes. En la actualidad, las nuevas exigencias se refieren, sobre todo, a poder contar con una instalación de puntos de recarga rápida.
Requisitos para los aparcamientos
La normativa que regula la instalación de los puntos de recarga energética de los vehículos eléctricos recoge condiciones que se refieren tanto a las que son de titularidad pública como privada.
Así, se precisa que en estacionamientos o estacionamientos de nueva construcción o sujetos a reformas importantes no ubicados en un edificio ni adscritos al mismo y, por lo tanto, fuera del ámbito de aplicación del Código Técnico de Edificación (CTE) se deberá instalar como mínimo una estación de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento, o fracción. Esto afectaría al sector público y también a los propietarios privados de edificios de aparcamientos.
Otro punto importante que recoge la norma es que en la vía pública deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que están previstas en los planos de movilidad sostenible supramunicipales o municipales.
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