El 13 de junio se confirmó que hubo diferencias por lo que se rompió el acuerdo entre el Gobierno nacional y los partidos políticos de oposición sobre el proyecto que buscaba una reforma educativa.
Sumado a esto, también se registró una manifestación en la que los integrantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) expresaron su descontento con esta propuesta, sobre lo cual el Ministerio de Educación indicó que no retirarían el proyecto que se discutirá. en dos presentaciones por el pleno del Senado el 17 de junio.
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Estos aspectos, más los problemas que se han registrado en temas que atañen a esta cartera en el país, provocaron que 200 representantes de la educación, entre los que destaca la presencia del ex ministro Alejandro Gaviria, emitieran una carta a la ministra Aurora Vergara, encargada de esta dependencia.
El documento, que también fue enviado a los miembros del Congreso de la República, indica que no se trata de una declaración, sino de una invitación a “respetar la esencia del acuerdo alcanzado”.
“El pasado 5 de junio, la Comisión Primera del Senado alcanzó un acuerdo de fondo sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación (PLEE), con la participación de distintos grupos y el Ministerio de Educación Nacional, consenso que actualmente se desconoce. Con interés motivado ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo alcanzado, a fin de que se consolide un proyecto de ley adecuado que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo inclusivo y pertinente para abordar las Realidad educativa colombiana”, es parte del texto.
Otros puntos mencionados por los dirigentes se centran en aspectos que provocarían importantes violaciones y riesgos, indicando que los ponentes (entre los que se encuentran los senadores María José Pizarro, Carlos Benavides o Julián Gallo) están mostrando una “Desconocimiento de la autonomía universitaria, a través de la exigencia de modelos de gobernanza que favorezcan la injerencia política y los gobiernos privados.”.
Estos son otros puntos que cuestionan los firmantes de la carta:
- “La falta de reconocimiento del sistema mixto, integrado por instituciones educativas oficiales y no oficiales, reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido decisivo en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior”.
- “La invisibilidad de la educación terciaria, eje articulador de diferentes caminos de calificación para la ciudadanía, que puede garantizar pluralidad y equidad en el acceso, así como anticipar y responder, de manera rápida y oportuna, a los enormes desafíos que enfrenta nuestro país y el planeta. ”.
Los firmantes indican que el proyecto no tiene en cuenta la viabilidad fiscal, afirmando que no existen garantías que acrediten que su implementación será sostenible.
“Asimismo, no podemos perder de vista la viabilidad fiscal de la ley, así como el estudio juicioso de los recursos necesarios para su desarrollo.. Se advierte una falta de garantías de financiación adecuada y sostenible para su implementación, lo que podría llevar a su práctico fracaso por falta de recursos. Desde el laboratorio de economía educativa de la Universidad Javeriana, se ha estimado que solo queda prevista la ampliación de la cobertura estatal para el año 2025, desde la educación inicial a la superior.
Finalmente, en el documento señalan que una posible aprobación del proyecto causaría frustración entre la ciudadanía, por lo que piden que se tomen las medidas necesarias para evitar que este quede registrado.
“La aprobación de un nuevo informe de gobierno, en su forma actual, generará frustración en miles de ciudadanos que ven la educación superior como un vehículo de movilidad social y laboral, además de dañar los acuerdos y consensos previamente co-construidos con los actores involucrados. . en este proceso”, así concluye la carta.
