La compleja situación de orden público en Colombia se encuentra en una encrucijada: la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC parece abandonada a su suerte, mientras el presidente Gustavo Petro se centra en su política de paz total, que Parece desordenado e incierto. Los desafíos en materia de derechos humanos y seguridad en todo el territorio nacional siguen siendo apremiantes, poniendo a prueba la capacidad del Estado para consolidar la paz y garantizar la justicia para todas las víctimas del conflicto armado y la población civil en general.
La implementación del Acuerdo de Paz, entre avances y serios desafíos
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el Estado ha realizado importantes esfuerzos en la reinserción económica y social de los excombatientes, así como en la Reforma Rural Integral. Según el informe trimestral del secretario general de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 8.063 hombres y 2.815 mujeres firmantes han participado en proyectos productivos y se han formalizado 82.014 hectáreas de tierra con fines productivos. Estos avances son cruciales para la estabilidad y el desarrollo rural del país, y constituyen una deuda histórica que aún está lejos de ser saldada.
Sin embargo, los desafíos persisten y son alarmantes. La seguridad sigue siendo una preocupación crítica, con 416 asesinatos, 37 desapariciones y 137 intentos de asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos verificados desde la firma del Acuerdo. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha emitido 513 órdenes de aprehensión por estos delitos y ha logrado 75 sentencias condenatorias, cifras que muestran el peligro constante para quienes promueven la paz y la justicia. “¿Qué tipo de paz estamos construyendo si los defensores de los derechos humanos siguen siendo blancos fáciles de la violencia?” es una de las preguntas que más resuena hoy en la opinión pública. No pierde vigencia esa célebre frase que varios promulgamos en medio del estallido social: “nos están matando”.
En el ámbito de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avances significativos, con 151 acusaciones por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y un reconocimiento de responsabilidad por parte del 89% de los acusados. Estos logros son fundamentales para la reconciliación y la confianza en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, estos son avances insuficientes si la sociedad no aborda las causas estructurales de la violencia y si el Estado no brinda protección efectiva a quienes están en la primera línea de implementación. Asimismo, sorprende especialmente ver que hoy el petrismo, el uribismo y los líderes de los firmantes parecen coincidir en lanzar dardos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) buscando afectar la legitimidad no sólo de la JEP, pero también la Comisión de la Verdad y otras instituciones creadas con el Acuerdo.
Boletin informativo
El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en tu buzón
RECIBE EL
Paz total, una ambición excesiva sin una estrategia coherente
Si la implementación enfrenta desafíos, la política de paz total del presidente Petro parece equivocada. Con él, el Gobierno ha buscado ampliar el diálogo con todos los actores armados de Colombia, pero las prisas por otorgar estatus político a grupos armados como las disidencias de las FARC (agrupadas en el llamado Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), ha generado confusión. . y descontento entre otros actores, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Esta decisión ha socavado la estrategia de paz y complicado las negociaciones. ¿Cómo podemos hablar de paz total cuando actuamos con tanta improvisación y falta de coherencia?
La Ley 2272 de 2022 estableció dos rutas claras: la negociación política con grupos armados organizados y el sometimiento judicial para estructuras criminales de alto impacto. La unificación de diversas disidencias bajo un paraguas al que el Gobierno ha dado un estatus político común ha desviado esta claridad, creando incentivos perversos que desincentivan el sometimiento judicial. Esta confusión ha debilitado la autoridad del Estado y ha complicado la implementación de una paz total.
Mientras tanto, los grupos armados han ido aumentando su presencia e injerencia. Según datos de Indepaz, la AGC o Clan del Golfo pasó de operar en 253 municipios en 2022 a 392 municipios en 2023; el EMC de 230 a 299, y el ELN de 189 a 23. Estos tres grupos ya están presentes en aproximadamente el 40% del territorio colombiano, afectando a más de 8 millones de personas. La falta de presencia y autoridad del Estado en estas zonas no sólo perpetúa la inseguridad, sino que también pone en duda la capacidad del Gobierno para implementar cualquier política de paz.
Se necesita urgentemente un cambio de rumbo
Con la implementación del Acuerdo de Paz a la deriva y la paz total sin rumbo, no sorprende que la situación de los derechos humanos en Colombia siga siendo alarmante. La violencia perpetuada por grupos armados ilegales como las AGC y el ELN continúa debilitando el tejido social y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en los territorios. No podemos seguir cerrando los ojos ante la realidad de que las políticas están fallando.
Es crucial que el Gobierno fortalezca las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos y la implementación de políticas de paz. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil puede proporcionar perspectivas y apoyo valiosos para construir estrategias más inclusivas y efectivas. Además, es fundamental mejorar la coordinación y eficacia en la implementación de estas políticas, asegurando que las acciones del Gobierno estén alineadas con los objetivos y principios del Acuerdo de Paz.
El gobierno del presidente Petro debe abandonar la retórica grandilocuente y centrarse en acciones concretas y coherentes que aborden las raíces de la violencia. La improvisación y la falta de una estrategia clara no sólo desacreditan los esfuerzos de paz, sino que también ponen en peligro las vidas de quienes trabajan incansablemente por un país más justo y pacífico.
Suscríbete aquí al boletín de EL PAÍS sobre Colombia y aqui al canal en whatsappy recibe todas las claves de información sobre la actualidad del país.
