Fiscalía cita a 23 usuarios por robo de energía en Atlán – .

Fiscalía cita a 23 usuarios por robo de energía en Atlán – .
Fiscalía cita a 23 usuarios por robo de energía en Atlán – .

La Fiscalía General de la Nación citó a 23 usuarios acusados ​​del delito de Fraude de Fluidos. En el departamento del Atlántico se ha citado inicialmente a 11 usuarios, mientras que en Magdalena fueron citadas 12 personas.

Estos usuarios fueron identificados por Air-e en el marco del plan contra el robo de energía, realizado en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República. El daño económico varía entre usuarios, oscilando entre 300 mil y 450 millones de pesos.

Se trata de usuarios residenciales de diferentes estratos socioeconómicos, así como algunos establecimientos comerciales, quienes obtuvieron energía de manera ilegal. En el proceso se ha demostrado que estas prácticas delictivas les permitieron evadir el pago real por el consumo de energía.

En los próximos días se darán a conocer los usuarios mencionados en La Guajira, se presenta el listado de los usuarios mencionados:

En Atlántico. Ramón Fontalvo, Juan Villalobos, Juan Carlos Bacareo, Jairo Escorcia y los representantes legales de Billares Malibú, Billares Yoyo y Discoteca Bar Club, entre otros.

En Magdalena: Alexander Villar, David José Acosta Salazar, Efraín Jiménez Campo, Iván Augusto Rivera Quintero, Lorey Carolina Escobar Guerra, María Galera Díaz, Melgrey Pérez Gutiérrez, Roberto Carlos García Santiago, Roy Emerson Fontalvo Martínez, Ciro Alfonso Sánchez y los representantes legales de Mamatoco Billar y Sativa Nativa SAS.

Fermín De la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, ha indicado que se trata de un paso importante en la lucha contra el robo de energía en la región, en colaboración con las autoridades.

“Estos usuarios corren el riesgo de ser condenados con todo el peso de la ley por robo de energía”, afirmó.

De la Hoz agregó que se espera que estas acciones ejemplares contribuyan a disminuir estas conductas delictivas, reduciendo así el daño económico causado a la población. Además, se pretende que otros usuarios en similares condiciones desistan de esta conducta para evitar las penas de prisión que establece este delito.

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