Colombianos ganan demanda contra bananera Chiquita Brands y serán indemnizados – .

Colombianos ganan demanda contra bananera Chiquita Brands y serán indemnizados – .
Colombianos ganan demanda contra bananera Chiquita Brands y serán indemnizados – .

El principal mercado de Chiquita Brands es Estados Unidos, pero es una marca reconocida a nivel mundial para la exportación de productos.

Es un hecho: el millonario financiamiento de la multinacional bananera Chiquita Brands, con hasta 17 millones de dólares a los paramilitares colombianos, está relacionado con los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el medio Urabá y Magdalena, entre 1997 y 2004. Un tribunal del Distrito Sur de Florida acaba de declarar responsable a Chiquita Brands de las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas Carlos Castaño y ordenó a la mundialmente reconocida empresa pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de nueve víctimas nacionales.

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En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras la confesión de altos directivos de la empresa, encontró probada financiación de los paramilitares, que entonces eran considerados un grupo terrorista extranjero. Desde entonces, miles de colombianos presentaron denuncias ante la justicia norteamericana, explicando que haber llenado esas arcas criminales fue fuente para cometer homicidios, desplazamientos, masacres y desapariciones forzadas. El Tribunal del Distrito Sur de Florida se hizo cargo de nueve casos simbólicos, entre miles de víctimas, y condenó a Chiquita Brands.

Como supiste El espectador, los jurados y el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida llegaron a la conclusión de que ocho de las nueve víctimas, de estos casos emblemáticos, lograron acreditar que su ser querido fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, justo en el momento en que Chiquita Brands estaba financiando a este grupo paramilitar. Ahora, la multinacional bananera tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra, con el que se ordenó una indemnización a las víctimas, cuyo monto este diario se abstiene de publicar por seguridad de los demandantes nacionales.

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“Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se benefician a costa de los derechos humanos: sus acciones no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron asedio por grupos armados y corporaciones, demostraron su fuerza y ​​lograron triunfar en el sistema judicial”, dijo Marco Simons, director legal de EarthRights International, una de las organizaciones de derechos humanos que acompaña a las familias demandantes.

¿Por qué es el caso en los Estados Unidos?

En 2007, la justicia estadounidense confirmó que Chiquita Brands transfirió más de un millón y medio de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Las pruebas presentadas y reconocidas por la multinacional demostraron que financiaron a los paramilitares tras una reunión privada en Medellín. entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, que en ese momento era la filial más rentable de Chiquita Brands en el país.

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El centro de la polémica es que, mientras Chiquita Brands entregaba el dinero, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, dijo el entonces Fiscal General de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein. Pese a esto, Chiquita Brands continuó realizando pagos por tres años más.

El Departamento de Justicia estadounidense concluyó que “lo que hace que esta conducta sea tan moralmente repugnante es que la empresa continuó mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo muy bien que, aunque sus fincas estaban protegidas y sus trabajadores estaban protegidos mientras estaban literalmente sobre ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes afuera de sus fincas”.

¿Cómo se ha defendido Chiquita Brands?

El principal argumento que ha esgrimido Chiquita Brands en su defensa es que, si bien entregó el dinero a los paramilitares, todo fue por la fuerza y ​​producto de la extorsión. Incluso el gobierno estadounidense siempre ha sostenido que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, los paramilitares dieron a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y a la propiedad de Banadex”.

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Testimonios clave del juicio

El jurado escuchó el testimonio de Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un ex trabajador de seguridad de Chiquita que eventualmente se unió a los paramilitares y ha sido clave en los procesos de Justicia y Paz en Colombia. Su testimonio detalló que la multinacional bananera incluso había entregado armas y gasolina a los liderados por Carlos Castaño, y había planeado asesinatos selectivos a manos de delincuentes. También aseguró que el propio Charles Keizer, otro de los testigos y quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, recibía seguridad directa de las AUC.

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Hermes Hernández, quien fue jefe de seguridad de Chiquita en Urabá y Santa Marta, detalló la actividad criminal contra la bananera por parte de las FARC, el EPL y el ELN, y que empleados de Banadex eran obligados a participar en rifas de los paramilitares, con dinero que era deducidos de sus salarios. Luego, los abogados de las víctimas leyeron una declaración previamente tomada a Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito y ex comandante paramilitar del Bloque Bananero. Señaló que los ejecutivos de Chiquita se reunían periódicamente con líderes de las AUC para discutir temas financieros y de seguridad. Aun así, aclaró que no hubo extorsión: “Nunca los obligué a aportarnos nada”, concluyó.

¿Que sigue?

Según Marco Simons, abogado general de la organización internacional de derechos humanos Earth Rights, que representa a las víctimas en este juicio, la reciente decisión será tomada por el sistema de justicia estadounidense como un caso de ejemplo para otras demandas futuras. Es una sentencia madre de la que podrán basarse otras en el futuro, ante ese tribunal y otros en jurisdicción norteamericana. Las víctimas son miles y este camino de verdad y justicia apenas comienza, relacionado con la mano criminal de los delincuentes de cuello blanco.

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@SebasCote95

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El espectador.

 
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