Juan Carlos Espinosa
La Habana, 9 abr (EFE).- Jorge, un cubano de 35 años, saca su celular de una mochila térmica amarilla que lleva a la espalda y muestra un pedido de comida que debe entregar con su bicicleta.
Este jinete forma parte de los cientos de miles de trabajadores por cuenta propia que han surgido en la Isla desde que se autorizó esta modalidad hace casi tres décadas. Su actividad tampoco se entendería sin la entrada del internet móvil en 2018 y la legalización de las pymes privadas en 2021.
Estos cambios, sin embargo, están evidenciando deficiencias en el sistema. Sobre el papel, Jorge es un autónomo que debe realizar múltiples tareas o gestionar su tiempo a su gusto. Pero en la práctica actúa como empleado, aunque sin algunos de los beneficios de estar en nómina de una empresa.
“En Cuba parece que sólo se está importando lo malo”, se queja a EFE.
Jorge -su nombre real- trabaja para la aplicación móvil de comida a domicilio Mandao, similar al modelo de multinacionales como Glovo o Uber Eats. De las 11.000 Pymes privadas autorizadas en Cuba, es una de las más populares.
Pero la llegada de este modelo de negocio al país socialista ha traído consigo los mismos problemas que han encontrado gobiernos y sindicatos en las naciones capitalistas.
Tras consultar con dos expertos sobre tres de los contratos de la empresa -a los que tuvo acceso EFE- con sus jinetes, ambos subrayaron que se trata de casos de falso trabajo por cuenta propia, es decir, que en realidad actúan como empleados.
Sin embargo, diferían sobre dónde situar los límites de la legalidad. La práctica es, en cualquier caso, problemática.
Por ejemplo, la empresa retiene al repartidor el 10% de cada entrega (en dos de los tres contratos analizados), le obliga a adelantar el pago al establecimiento y le cobra 100 pesos semanales (0,83 dólares, al tipo de cambio oficial). para utilizar la mochila, además de no cubrirla en caso de accidente. Tampoco establece explícitamente en el contrato cuánto o cómo te paga.
Para Laritza Diversent, directora del centro de información jurídica Cubalex, con sede en Estados Unidos, se trata de una clara violación del Código del Trabajo.
Mandao explicó a Efe que las tarifas se fijan por separado y que no impone horarios, sino que intenta organizar los turnos teniendo en cuenta las fluctuaciones de la demanda. También señaló que como pyme tiene un límite máximo de cien empleados y defendió que estos contratos son mercantiles y no laborales, ya que se trata de trabajadores por cuenta propia.
En ese sentido, la economista cubana Tamarys Bahamonde estimó que “técnicamente” la firma no se equivoca y que el problema son los vacíos legales de una legislación laboral obsoleta.
“El contrato es un híbrido [entre lo mercantil y laboral]. Hay ignorancia jurídica por ambas partes”, afirma.
En este sentido, Diversent percibe en Cuba “un claro analfabetismo jurídico” y critica que el contrato prohíbe al repartidor compartir su contenido, algo que considera que le impide obtener asesoramiento.
Según Mandao, la ganancia neta mensual de sus repartidores en 2023 osciló entre 8.900 (74 dólares) y 17.700 pesos (148 dólares). Por su parte, el salario estatal promedio se situó en 4.648 pesos (39 dólares).
Pero no todo queda en el sector privado. Otro contrato analizado por EFE, el del portero de un edificio propiedad de la inmobiliaria estatal Caribe, exhibe prácticas similares, como la imposición de jornada laboral y días de vacaciones, pese a tratarlo como autónomo.
EFE intentó contactar con Caribe, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Para Bahamonde, el contrato de la empresa estatal expone que “la precariedad laboral en Cuba se está expandiendo a niveles que no se habían experimentado antes”.
“Se supone que el sector estatal debe proteger a los trabajadores. Si el Estado no lo hace, entonces no podemos esperar que lo haga el sector privado”, enfatiza.
Consultados al respecto, el Ministerio de Trabajo y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, único sindicato) aseguraron a Efe que hasta el momento no han detectado estas prácticas. O al menos no en una “magnitud estadística” problemática, como aclaró Leovanis Agora Góngora, miembro del Secretariado Nacional de la CTC.
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo aseguró que este año prevé actualizar la ley que regula a las Pymes cubanas. EFE
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