“El 28 de agosto de 2018 un grupo de personas ingresó al salón central del Pabellón Argentino, forzando las puertas, rompiendo un vidrio en una de ellas, y los sistemas de cierre de otra de las puertas. Estas personas ocuparon dicha sala e impidieron el acceso al personal universitario a todo el Pabellón. En el interior se acercaron al personal de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Policía Federal Argentina que controla el ingreso al mencionado Pabellón, quienes abandonaron el lugar. Los ocupantes lograron acceder a todo el edificio, impidiendo al personal universitario y a las autoridades el ingreso a las oficinas allí ubicadas”.
Así describe la Resolución emitida hoy por el Juzgado Federal N°1 los hechos que dieron origen al caso, que completan en el relato así: “La Fiscal Federal, Dra. Graciela López de Filoñuk y el Juez Federal se personaron en el Pabellón Argentina, pudiendo comprobarse la “toma” de las instalaciones así como la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los ocupantes a los efectos de liberar el edificio. La ocupación se extendió por 31 días hasta el 28 de septiembre de 2018, afectando el normal funcionamiento de las áreas instaladas en el edificio”.
En definitiva, los imputados fueron acusados de hechos que entran dentro del tipo penal de usurpación por desposesión y alteración de la posesión (Art. 181 inc. 1 y 3 del Código Penal).
En la resolución de hoy, el Juzgado a cargo del Dr. Pablo Montesi, acepta el pedido de sobreseimiento presentado por los defensores, al entender que La acción penal queda “prescripta a partir del 21 de mayo del presente año”.
El juez establece que “procede declarar extinguida la acción penal por prescripción, a favor del imputado, y en consecuencia destituirlos”.
La resolución no alcanza a todos los imputados, dado que durante el proceso 4 de ellos han firmado acuerdos de suspensión del proceso de juicio (Probation), “sin haber acreditado hasta la fecha el cumplimiento de sus compromisos”. Hasta que no se presente ante el tribunal prueba del cumplimiento de las acciones cometidas, la acción no se tendrá por extinguida.
Los considerandos del fallo detallan que: “desde la fecha del 21 de mayo de 2021, último acto interrumpido, se ha excedido la pena máxima prevista para el delito de usurpación por despojo y alteración de la posesión, 3 años, sin que durante ese período se hayan producido actos con validez interrumpida” y esta ausencia de acciones es la que determina la prescripción del caso.
¿Condescendencia?
En este fallo el Juez cuestiona la actitud de la Universidad durante el desarrollo del caso: “Quien suscribe no puede dejar de resaltarlo cual la UNC, a través de sus representantes, generó inicialmente con su denuncia, un inicio formal del presente proceso como presuntas víctimas, pero luego, a medida que avanzaba la investigación, este
La pretensión se transformó y diluyó. En primer lugar, la Universidad solicitó ser excluida como parte, señalando además que tampoco fue víctima del delito”.
Como parte de esa actitud contradictoria, la resolución destaca el episodio en el que “la Universidad, con la representación de los decanos de las Facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales y Arte, solicitó ser oída en la calidad de Amigos de la Corte. En concreto, esta presentación establece una posición clara a favor del imputado”..
El fallo también dice: “Otra circunstancia, en la que se advierte el cambio de cargo -leer condescendencia- por parte de la Universidad, se refleja en los distintos acuerdos de conciliación, presentados por las partes, con la aprobación expresa del Rectorado. En virtud de lo cual, varios de los imputados en el presente proceso resultaron favorecidos, reduciendo así el número de imputados en el caso.
Finalmente, antes de pasar a las cuestiones decisivas, se destaca que la Universidad debería haber iniciado investigaciones contra los autores del hecho, algo que no ocurrió.
