Cerca de 430 municipios y más de 20 zonas no municipalizadas en Colombia están en riesgo por el accionar de grupos armados ilegales.
Destaca la expansión desproporcionada de las AGC-Clan del Golfo, el Estado Mayor Central (disidentes de las FARC), el ELN, la Segunda Marquetalia (disidentes de las FARC) y organizaciones del crimen organizado.
Desde 2017, la entidad ha emitido un total de 312 Alertas Tempranas por la presencia e injerencia de estructuras armadas al margen de la ley. Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los departamentos más alertados sobre el riesgo de vulneración o vulneración de los derechos de las comunidades.
Es imperativa una atención decidida por parte del Gobierno Nacional, solicita la Defensoría del Pueblo, con el concurso de sus fuerzas de seguridad y el trabajo armónico con las entidades territoriales, para que se salvaguarden derechos fundamentales, como la vida e integridad de la población civil.
Comunicado 647/ Washington DC (EE.UU.), 4 de junio de 2024 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo, con el trabajo realizado en el territorio por los funcionarios de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en los últimos siete años, acaba de emitir el informe ‘Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz’, dentro de en el marco de una discusión académica en la American Unicersity en Washington (EE.UU.).
“En este estudio presentamos un panorama nacional de derechos humanos, basado en el trabajo de monitoreo, alerta y seguimiento de los riesgos identificados por nuestro SAT, con el fin de visibilizar las lamentables realidades y promover acciones del Estado para que los riesgos sean mitigados. y superar. escenarios advertidos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, desde Washington, donde también presentó el documento de defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
La entidad de derechos humanos, de 2017 a la fecha, ha emitido 312 Alertas Tempranas (AT) para 427 municipios y 22 zonas no municipalizadas de los 32 departamentos de Colombia. En 2023 emitió 39 AT: dos de carácter nacional y 37 focalizadas en 110 municipios de 23 departamentos. Y en lo que va de 2024, ha emitido 13 AT focalizadas para 89 municipios y 15 zonas no municipalizadas de 18 departamentos.
“Son más de 500 recomendaciones que hemos realizado al Gobierno Nacional y entes territoriales, así como hemos emitido 221 Informes de Seguimiento, que han reflejado el incremento de los escenarios de riesgo. Las alertas tienen un carácter eminentemente preventivo para que la población civil esté protegida del accionar indiscriminado de actores armados ilegales”, subrayó Camargo Assis.
Antioquia, con 36 AT; Chocó, con 36; Valle del Cauca, con 35; Cauca, con 29, y Nariño, con 22, para un total de 158 AT, son los departamentos más alertados por el ente nacional de derechos humanos.
Los comportamientos más notados
Las conductas delictivas más alertadas por la Defensoría del Pueblo han sido siete: amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA), regulaciones a la movilidad, enfrentamientos armados con intervención de la población civil, minería ilegal y derechos humanos. tráfico.
En el caso de amenazas, son 303 AT, la mayoría en Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño; desplazamiento forzado, 285 AT, la mayoría de las cuales han sido emitidas en Norte de Santander, Bolívar, Meta y Putumayo; reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, 263 AT, particularmente en Chocó, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
En relación a las normas de movilidad, la entidad ha emitido 195 Alertas Tempranas, la mayoría en Chocó, Cauca, Antioquia y Nariño; sobre enfrentamientos con población civil, 192 AT, especialmente en Cauca, Chocó y Nariño; minería ilegal, 115 AT, especialmente en Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar, y trata de personas, 47 AT, la mayor parte en Norte de Santander, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Risaralda y Chocó.
Expansión de grupos armados
Las organizaciones armadas con mayor injerencia, presencia o tránsito, cuyo fin es el control territorial y poblacional para incrementar sus finanzas derivadas de economías ilícitas, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el Estado Mayor Central ( EMC) de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC y grupos del crimen organizado.
Las AGC están en 392 municipios de 21 departamentos, con presencia principalmente en Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba; la EMC delinque en 234 municipios de 21 departamentos, especialmente en Cauca, Nariño y Valle del Cauca; el ELN, en 232 municipios de 17 departamentos, especialmente en Chocó, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Arauca; la Segunda Marquetalia, en 65 municipios de 16 departamentos, principalmente en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, y grupos del crimen organizado están presentes en 184 municipios de 22 departamentos.
Hay que anular la dinámica de los ilegales
“Se debe abordar la dinámica del conflicto armado y el crimen organizado y las principales acciones de violencia y conductas violatorias de los derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario, no en vano el título de nuestro documento: la realidad humanitaria en blanco y negro, que es desgarrador y crudo; Por lo tanto, no puede ser ignorado por las instituciones gubernamentales”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
El documento hace un análisis detallado por subregiones: suroeste, noroeste, sur-Amazonía, noreste; También lo hace en las regiones de la Orinoquía y el Caribe. Asimismo, brinda un capítulo especial sobre el seguimiento del alto el fuego, en el que da a conocer las acciones directas e indirectas tomadas por los grupos en enfrentamientos permanentes, y emite una serie de recomendaciones.
“Debe haber una respuesta institucional que permita proteger a las comunidades, con la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y el trabajo armónico con los entes territoriales, para que derechos fundamentales, como la vida e integridad de la población civil, sean protegidos en cualquier lugar del país. ”, afirmó el Defensor del Pueblo de Colombia.
