El presidente Petro se salva de una multa de $22.000 millones por el caso de la basura en Bogotá

El presidente Petro se salva de una multa de $22.000 millones por el caso de la basura en Bogotá
El presidente Petro se salva de una multa de $22.000 millones por el caso de la basura en Bogotá

Él presidente gustavo petro acaba de ganar un largo litigio judicial que lo libera de pagar una multa millonaria que le había impuesto la Contraloría Distrital por el tema de modelo de basura cuestionado que implementó cuando fue alcalde de Bogotá.

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En 2018, el jefe de Estado calificó la medida en su contra como una “multa impagable”que alcanzó 22.170 millones de pesos en su casoy acogió a María Mercedes Maldonado, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ardila, exfuncionarios que debieron pagar un total de 75.483 millones de pesos.

Luego de interponer una demanda, EL TIEMPO conoció en exclusiva que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con decisión de los jueces Óscar Armando Dimaté, César Giovanni Chaparro y Moisés Rodrigo Mazabel, Dio la razón a Petro y su equipo al ordenar que se levantara esa sanción, que se refiere a una multa que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso al Acueducto de Bogotá y a la Uaesp en 2015 por más de $80.000 millones, monto que fue pagado por la administración de Enrique Peñalosa, algo que la defensa de Petro destacó como la Puerta abierta para que la Contraloría declare un perjuicio patrimonial.

De hecho, el caso llegó a la Contraloría, que En 2016 abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $91.949 millones contra los mencionados, declarando que hubo violación a la libre competencia económica por el diseño del sistema de evaluación de Bogotá.

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Uno de los reproches de Petro y sus ex funcionarios es que Peñalosa “se apresuró” a pagar la multa.

Foto:Cortesía

Para Petro, esta multa violó sus derechos políticos, por lo que invocó en la demanda la violación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como artículos de la Constitución. En los cuatro cargos, su defensa también argumentó que no se siguió el debido proceso en la Contraloría.

Una de las denuncias de Petro y sus exfuncionarios es que Peñalosa “se apresuró” a pagar la multa: “Si la alcaldía procedió a pagar las multas, sin que los actos administrativos fueran firmes, es un pago indebido; por lo que, “La Contraloría debió solicitar la devolución de dichos valores, tal como lo establece la cuantificación del daño causado por el fallo”.

Además, que “la Contraloría de Bogotá incurrió en una interpretación indebida de la normativa, al confundir el sistema de control del principio de legalidad de los actos administrativos, cuya competencia recae exclusivamente en la jurisdicción contencioso-administrativa, con el sistema de control de legalidad ejercido por los contralores en su función de supervisión de la gestión fiscal”.

La decisión anula la multa por el caso de la basura en Bogotá cuando era alcalde.

Foto:archivo privado

Básicamente, al momento de imponer la sanción, la Contraloría Distrital asumió funciones que corresponden a la competencia de lo contencioso administrativo.

Succión

Gustavo Petro solicitó en su demanda la medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la decisiónla cual terminó otorgándole el Consejo de Estado en junio de 2020. Por eso pudo aspirar a la Presidencia de la República, ya que se encontraba libre de inhabilitaciones o responsabilidades fiscales hasta que se conoció el fallo de fondo que se dio la semana pasada.

La Contraloría también tuvo tiempo de decir por qué debía mantenerse la sanción, aclarando que no pretendían atacar los derechos políticos de los involucrados.

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La comunidad dice que son más de mil toneladas de residuos los que se acumulan en las calles.

Foto:archivo privado

“La determinación de la culpa grave atribuida a los hoy demandantes no se debió a una interpretación absurda ni a una aplicación grosera o indebida de las presunciones de culpa grave o dolo contenidas en la Ley 678 de 2001, sino que fue consecuencia de la valoración de las pruebas relacionadas a la investigación”, afirmó la entidad.

Y agregó que los demandantes eran los gestores fiscales en el tema del modelo de basura, y que sus decisiones llevaron a que la SIC los sancionara, monto que debía ser pagado con recursos de la ciudad.

“Desde su condición de miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y particularmente la calidad de alcalde que ostentaba en ese momento el señor Gustavo Petro, idearon y aprobaron todas las modificaciones estatutarias que permitieron implementar la sistema de saneamiento en Bogotá, como monopolio y generó la imposición de multas por parte de la Superintendencia”.

Las conclusiones

La conclusión del Tribunal de Cundinamarca comenzó aclarando que no juzgó el modelo de basura y su efectividad., sino la legalidad de los actos emitidos por la Contraloría contra Petro, Maldonado y los demás. Así, dijo que quedó probado el primer cargo, “ya ​​que la contraloría demandada, con los hechos denunciados, violó el debido proceso por aplicación indebida de la Ley 678 de 2001”.

Respecto del segundo cargo, vinculado a la violación del debido proceso por basar presuntos daños patrimoniales en actos administrativos sin fuerza ejecutiva, el Tribunal terminó desestimando el reclamo de los demandantes.

Presidente Gustavo Petro.

Foto:Presidencia

“La Sala considera que, independientemente de la firmeza de los actos administrativos emitidos por la SIC, que sirvieron de base para el fallo de responsabilidad fiscal imputado, lo cierto es que la Contraloría estaba facultada para ejercer el control fiscal frente a los supuestos perjuicio patrimonial por la violación de la Constitución y las leyes”, señala el fallo, en el que también fue desestimado el tercer cargo.

Por otra parte el El último cargo, vinculado a la violación de las reglas en las que debe basarse el proceso de responsabilidad fiscal, tuvo éxito.. Para los magistrados, “en los actos imputados no se prueba la responsabilidad fiscal atribuida a los demandantes, bajo el elemento de culpa grave que se les atribuye, sin recurrir al fundamento jurídico para ello, toda vez que se reitera que, en caso de presunción, La culpa grave debe estar expresamente definida por la ley”.

La parte final del fallo dice que la decisión sólo abarcará a los demandantes, y no a los responsables fiscales que no participaron en el proceso.

Foto:Cortesía

En resumen, “La presunción de legalidad que protegía los actos administrativos demandados quedó desvirtuada por la configuración de las causales de nulidad. por violación de las normas en que deben basarse, descritas en los cargos primero y cuarto de la denuncia”. Y por ello, la Sección Primera, desde su Inciso B, ordenó declarar “la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la sentencia con responsabilidad fiscal 03 de 20 de octubre de 2017, la Orden de 12 de octubre de 2018 y la Resolución 2698 de 16 de noviembre”. de 2018, dictado dentro del proceso de responsabilidad fiscal 170000-0001/16, respecto de los demandantes”.

La parte final del fallo dice que la decisión sólo abarcará a los demandantes, y no a los responsables fiscales que no participaron en el proceso. Y que los que sí participaron -Petro, Ardila, Maldonado y Merlano- tendrán que ser eliminados del “boletín de funcionarios tributarios de la Contraloría General y en el registro de inhabilitaciones de la Procuraduría General de la República o, en su defecto, cualquier registro donde consten los demandantes como fiscalmente responsables” del presente caso.

Por supuesto, la solicitud de indemnización por daño moral y material, así como las indemnizaciones solicitadas, no prosperaron, ya que no fueron acreditadas.

Carlos López – Editorial Justicia – @CarlosL49 – [email protected]

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