Los gobernantes de Santander deben recordar que la justicia es la base de una sociedad equitativa y próspera, y que su majestad no debe ser mancillada. Llamamos a las autoridades a respetar y acatar las decisiones de los jueces.
En el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana se ha vuelto común que las autoridades incumplan parcial o totalmente las sentencias judiciales, afectando gravemente la confianza ciudadana en el sistema de justicia y las instituciones públicas. Hace unos días, Vanguardia presentó diez casos emblemáticos donde, a pesar de que las sentencias protegieron los derechos de la comunidad, las autoridades locales han ignorado sus obligaciones legales, dejando a los ciudadanos en un estado de desprotección e impotencia.
Ahora, por esta vía de la apatía, se están extinguiendo derechos claves como el de tutela, ya que el impacto de estas acciones es nulo si las autoridades no acatan los fallos, como ocurre en el caso del vertedero de El Carrasco. , dado que a pesar de que un juez ordenó hace años su cierre y desmantelamiento, sigue funcionando, como si nada hubiera pasado. Este incumplimiento no sólo es una falta de respeto a la justicia, sino también una amenaza a la salud y el bienestar de los vecinos del barrio El Porvenir y del área metropolitana de Bucaramanga.
Otra sentencia incumplida, que afecta la calidad de vida de todos los bumangueses, es la relativa al control del transporte informal. Y a pesar de las sanciones impuestas a los alcaldes por no implementar medidas efectivas, la piratería sigue creciendo, ya que esta burla a la justicia estimula la ilegalidad y la inseguridad en el transporte urbano.
El caso de Villa Helena es igual o más devastador, porque después de una década de espera, 160 familias continúan viviendo en condiciones deplorables y peligrosas, ignoradas por las autoridades que deberían haber facilitado su reubicación.
El nuevo alcalde de Bucaramanga y sus funcionarios deben entender que se deben respetar los derechos de los ciudadanos y que las autoridades deben actuar con rapidez y eficacia para cumplir con las órdenes judiciales, pero para ello es fundamental que los gobernadores y directores de las entidades estatales comprendan la gravedad de su inacción y la urgencia de cumplir lo que ordenan los jueces.
Y no se trata sólo de casos particulares: la educación, un derecho fundamental, también ha sido objeto de burlas. A pesar de los fracasos que han intentado mejorar las condiciones educativas, los avances son limitados y la calidad de la educación sigue siendo deficiente. Esta negligencia afecta al futuro de miles de niños y jóvenes y, por tanto, al desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Es hora de que las autoridades de Bucaramanga asuman también esta responsabilidad con seriedad y compromiso, entendiendo además que esa es la esencia de la función que desempeñan ante el Estado.
Los gobernantes deben recordar que la justicia es la base de una sociedad equitativa y próspera, y que su majestad no debe verse mancillada. Llamamos a las autoridades locales a respetar y acatar las decisiones de los jueces, como corresponde principalmente a quienes representan al Gobierno, sin promesas vacías ni demoras injustificadas, porque al fin y al cabo lo que se está vulnerando son los derechos de los ciudadanos. . los ciudadanos.
