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- Autor, Redacción
- Role, BBC Mundo Noticias
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El expresidente de Colombia Álvaro Uribe fue acusado formalmente por los delitos de presunto cohecho, fraude procesal y cohecho de testigos.
La jueza Sandra Liliana Heredia encontró motivos suficientes para que Uribe (2002-2010) sea juzgado por estos presuntos delitos.
De esta forma, el expresidente, que niega todas las acusaciones, enfrentará un proceso penal.
Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe que son aceptados por el magistrado de Bogotá, quien dictaminó que a partir de este momento Uribe “adquiere la condición de imputado”.
Si es declarado culpable, el líder del Centro Democrático podría enfrentarse a una pena de prisión de entre 6 y 12 años.
La defensa de Uribe había solicitado la nulidad del proceso contra el expresidente, algo que Heredia “rechazó rotundamente” al considerarlo “absolutamente inadmisible”.
Al mismo tiempo, el juez aceptó como víctimas del caso al senador de izquierda Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.
El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró la resolución y aseguró que “son decisiones que reconocen no sólo la condición de las víctimas sino también la Necesidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia.“.
¿De qué se le acusa?
El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe de haber sido el “determinante del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de cohecho en el proceso penal”.
Para Villarreal, esto implica que para “su beneficio o el de un tercero, entrega o promete un beneficio a una persona que presenció un hecho delictivo para que se abstenga de venir a declarar o para que omita total o parcialmente la verdad”. parcialmente.”
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También lo acusó de “concurso homogéneo sucesivo de dos plazas de fraude procesal”, es decir, que “por cualquier medio fraudulento engañe a un servidor público para obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
También por “determinante del delito de cohecho” porque dio o prometió “dinero u otra utilidad a un testigo para que éste mienta total o parcialmente o falte a la verdad en su testimonio”.
Los pasos previos
Ya en 2020, Uribe había sido privado de su libertadacusado de fraude procesal y soborno, convirtiéndose en el primer presidente en la historia del país en tener que cumplir esa sanción.
Todo comenzó en septiembre de 2014, durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de haber Vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes..
Para sustentar sus acusaciones presentó varios testimonios de exparamilitares.
En ese momento, Álvaro Uribe fue acusado de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que se enfrentó sanguinariamente a la guerrilla y dejó miles de civiles muertos.
Pero el expresidente respondió a la acusación de Cepeda con una demanda en su contra ante la Corte Suprema de Justicia y lo acusó de registrar las cárceles colombianas en busca de exparamilitares con el objetivo de que sirvan como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en el que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos involucrados.
En 2018, la Corte desestimó las acusaciones contra Cepeda y, sorprendentemente, abrió un proceso Investigación formal contra Uribe por manipulación de testigoslo que conllevó los delitos de cohecho y fraude procesal.
Dos años después, Uribe renunció a su curul senatorial para abandonar la jurisdicción y, de esta manera, su caso pasaría a la justicia ordinaria. Fue entonces cuando la Fiscalía decidió que no existían elementos para procesarlo judicialmente.
Pero la situación cambió este año cuando Gilberto Villarreal asumió el caso el 16 de enero. El 9 de abril, el fiscal afirmó que, con base en las pruebas físicas y elementos probatorios, existían motivos para acusar a Uribe.
Uribe insiste en que Las acusaciones responden a intereses políticos.
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