(ADN).- Ayer se formalizó la presentación de un amparo colectivo contra Correo Argentino por el cierre de varias sucursales en Río Negro. La acción, que también abarca “a los responsables de menoscabar los derechos de los usuarios y consumidores”, se llevó a cabo simultáneamente en la sede de los juzgados federales.
Los proteccionistas exigieron que “se dispongan las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento de todas las sucursales establecidas en Río Negro”.
Trabajadores, legisladores, autoridades municipales y Comisiones de Desarrollo, organizaciones intermedias, líderes políticos y sociales y vecinos en general de diferentes localidades se conformaron y exigieron los empleos que se perderán, por decisión del Gobierno nacional.
En la presentación judicial, realizada simultáneamente en los Juzgados Federales de Viedma, Roca y Bariloche, los amparistas aseguran que “las oficinas brindan atención a sus habitantes en los pueblos y comisionistas de desarrollo, a través de su servicio postal, telegráfico, monetario (pago de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y otros beneficios de seguridad social), y otros esenciales para la vida, la integridad física y para garantizar un trato digno y equitativo a las personas, además del servicio electoral.
Los legisladores del bloque Vamos con Todos José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, junto a intendentes como Gustavo Sepúlveda de Chimpay, comisionados de Desarrollo como Jesús Peña de El Cuy, Joan Abbate de Treneta, Daniel Calluhueque de Yaminué y Carlos Vertiz de Mencué, concejales como Valeria Cayuqueo de Sierra Grande y Cristian Artero de Fernández Oro, entre otros dirigentes y funcionarios, acompañaron a vecinos de distintas localidades en el reclamo de que se garantice la intercomunicación postal entre todos los puntos de la provincia. .
También exigen la protección de las fuentes de trabajo y la extensión de la atención a lugares alejados de los grandes centros urbanos, como principio social del servicio público prestado.
Ante la información pública que informa sobre inminentes cierres de sucursales de Correo Argentino en diferentes localidades de la Provincia de Río Negro, que afectarán directamente a los habitantes de dichas localidades y de los lugares y localidades que realizan trámites de manera permanente en oficinas del Correo Argentino solicitado a la Justicia Federal ordenar a la empresa estatal realizar las acciones necesarias encaminadas a garantizar la continuidad del funcionamiento de las oficinas.
Además, promovieron una medida cautelar para que los cierres de oficinas, sucursales y servicios que brinda Correo Argentino no se realicen en las ciudades anunciadas públicamente: Chichinales, Ingeniero Huergo, General Fernández Oro, Cervantes, General Godoy, Comallo, Valcheta, Chimpay, Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán y Sierra Grande.
“Esta acción de protección con su medida cautelar se promueve para proteger los derechos individuales y colectivos de los usuarios de los servicios postales, telegráficos, monetarios y electorales prestados por Correo Argentino, los cuales serán perjudicados y menoscabados en el libre ejercicio de sus derechos constitucionalmente garantizados. , colocándolos en desventaja y manifiesta inequidad con respecto a otros ciudadanos que viven en el resto del país”, afirmaron los aparistas.
